Una madre, que en su lucha por hacerle justicia a su hijo, logró que el tribunal estatal fallara a su favor luego que personal medico del Hospital Pediátrico del Centro Medico omitiera el proceso adecuado para atender al menor que hoy día está en estado vegetativo.

La negligencia de los doctores y estudiantes de pediatría de la institución hospitalaria ocasionaron que el hijo de Tania Rosado Domínguez, de cuatro años, tenga que recibir supervisión 24 horas al día, estar conectado a un ventilador mecánico y un tubo por donde ingiere comida. El niño también requiere de tres turnos de enfermería y múltiples medicamentos.

La sentencia, ascendente a $5 millones, representa una de las demandas de mayor cantidad concedidas por un tribunal estatal a víctimas de impericia médica, de acuerdo a José Fernando Velázquez, abogado de la demandante.

Los hechos se remontan a octubre del 2010 cuando el menor fue transportado al citado hospital por su madre, luego de confrontar problemas respiratorios. Allí, los médicos lo evaluaron, pero no lo ingresaron al área de intensivo, lugar al que tenía que ser trasladado por la condición en que estaba.

Según el recurso legal, no solo los estudiantes residentes del Programa de Pediatría del hospital fallaron en diagnosticar la situación del niño, sino que los médicos, enfermeras y técnicos respiratorios tampoco llevaron a cabo el procedimiento indicado en este caso.

Debido a su condición, el menor sufrió un arresto respiratorio ocasionado por la falta de supervisión de las enfermeras. El paciente también padeció de oxígeno por mucho tiempo lo que ocasionó un arresto cardiorrespiratorio, daño cerebral severo y permanente, estado en el que está actualmente.

Al niño nunca se le practicó las medidas de resucitación en el hospital, lo que provocó que tuviera a penas cuatro respiraciones por minuto y los informes médicos, en donde se establecía lo que se le practicó al paciente, desaparecieron.

‘Los médicos empleados de la UPR y demás componentes del grupo se apartaron de la mejor práctica de la profesión y fallaron en su obligación de ofrecer un grado razonable de cuidado y atención en la administración del tratamiento ofrecido al menor durante su hospitalización en el Pediátrico. También se apartaron de la mejor práctica al no realizar un examen físico periódico y adecuado ante la ausencia de información en los récords médicos. De haber hecho lo anterior, aún cuando el niño se encontraba en una habitación regular, los galenos hubieran tenido el beneficio de un cuadro médico completo sobre el paciente y hubieran concluido oportunamente que la salud de este se estaba deteriorando y presentando síntomas que podían llevarlo a un arresto, como en efecto ocurrió’, reza parte de la sentencia de la jueza Olga García Vicenty.

Debido a la negligencia, Rosado Domínguez recibirá una indemnización económica por los daños sufridos contra ella y su hijo. Cada parte, el hospital y personal de enfermería, así como los técnicos respiratorios, contribuyeron al deterioro de la salud del menor, según establece la sentencia con fecha de enero 2014.

El recurso legal también establece que personal médico de la institución hospitalaria fue negligente al no supervisar a los estudiantes residentes en el turno después de las 7 de la noche hasta horas de la madrugada, tiempo en que el menor llegó a la sala de emergencias.

Los médicos implicados en la sentencia son Brian Rossy, Camille Cassasnovas y Sara Hidalgo, entre otro personal médico.