Las imputaciones que han surgido sobre delitos sexuales en la Diócesis de la Iglesia Católica en Arecibo, en que tanto un sacerdote como el obispo han alegado ser víctimas de difamación y de persecución, han puesto en vitrina lo que aparenta ser una diócesis dividida por el encubrimiento de delitos sexuales y por un patrón de difamación entre la misma jerarquía eclesial.

Pese a que el obispo Daniel Fernández Torres, de la diócesis de Arecibo, alegó que se trataba de una venganza en su contra por haber cerrado un seminario y haber expulsado a cinco sacerdotes, la defensa de la víctima – la licenciada Agnes Poventud – insistió el martes que tiene la prueba de que existe una investigación del Vaticano en contra del clérigo por hechos que ocurrieron hace varios años atrás, cuando su cliente aún era menor de edad.

Contra Fernández Torres no sólo pesan estas denuncias recientes, sino que hay documentación donde se manifiesta que el obispo ha filtrado información confidencial de los sacerdotes de la diócesis. En una deposición que NotiCel examinó de un caso de difamación de un sacerdote contra Dando Candela, el feligrés Luis Jaume Andujaradmitió que el obispo le llamaba para proveerle información confidencial sobre los sacerdotes, y que él – luego – divulgaba a los medios de comunicación. Admitió, además, que tiene una relación estrecha con el obispo, quien es su primo segundo.

El hombre de 63 años, quien se describió como ‘handyman’ de la parroquia San Martín de Porres, presentó, en 2009, una querella contra el sacerdote José Colón Otero, quien ha estado en la mirilla pública estos días tras haber recibido un decreto en el que se le comunica que existe una ‘petición de sentencia’ de pena permanente en su contra por haber violado el secreto de confesión. En el propio decreto, según mencionó el sacerdote, se le informó que fue exonerado de los cargos por delito sexual de los que Jaume le acusaba.

Colón Otero está en proceso de acudir a Roma para apelar la petición de sentencia que hizo Fernández Torres en su contra. ‘En el decreto, sale la acusación, pero no sale quien me acusa. Yo no sé quién me acusa’, mencionó el cura en entrevista con Radio Isla.

El sacerdote, quien era el Director Espiritual del seminario en Arecibo, fue suspendido por el obispo, en 2011, mientras culminaba la investigación de delito sexual en su contra. En el decreto, que se le entregó el 10 de enero, se le informó que no se le encontró prueba de ello, pero que se le acusaba, en cambio, de violar el sigilo sacramental. Colón Otero no proveyó el documento ya que alegó que se trata de un proceso confidencial que aún no ha culminado.

Los obispos, a diferencia de los sacerdotes, no tienen quien les imponga ‘medidas preventivas’ mientras son investigados, a no ser por la propia Congregación de la Doctrina de la Fe, en Roma. Los obispos representan así el máximo poder judicial, legislativo y ejecutivo de las diócesis.

‘Si él tiene prueba de que no existe esa investigación, que lo presente… Yo puedo probar mi caso’, reaccionó la licenciada Poventud, quien intervino en junio de 2013 para pedirle a la Santa Sede que aislara a Fernández Torres de sus funciones durante el proceso investigativo. Les informó, además, de alegadas irregularidades en la investigación; incluso de visitas inadecuadas al lugar de trabajo del querellante. La licenciada rehusó dar acceso a la alegada prueba bajo la premisa de que no quería afectar el caso.

Desde 2011, en que Fernández Torres asumió las riendas de la diócesis, han surgido varias denuncias en su contra. El 27 de octubre de ese año, Notiuno reveló una carta en la que un grupo de sacerdotes pidió la intervención de Benedicto XVI debido a un alegado ‘patrón de persecución y maltrato’ al que eran sometidos. Los sacerdotes describían a su obispo como un ‘homofóbico que perseguía a todos los miembros de la Iglesia que, a su parecer, eran homosexuales’. Señalaban también que, contradictoriamente, el obispo tenía comportamiento homosexual al hacer regalos costosos a otro sacerdote, y establecían que vivían con miedo por ser vistos por el jerarca con sospecha y que hasta se sentían amenazados.

Poventud, por su parte, aclaró que su cliente no había radicado la querella antes porque estaba sumamente avergonzado y no quería involucrar a sus padres en el asunto. La voluntad del joven, según la abogada, es que dentro de la Iglesia se resuelva el asunto, pero no descartan llevar el caso al foro civil tan pronto culmine el proceso en el foro canónico.