Varios líderes magisteriales reaccionaron esperanzados, pero dispuestos a reforzar su lucha ante la decisión el martes del Tribunal Supremo de acoger el recurso que había radicado la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) para paralizar la puesta en vigor de la Ley 160 que reformó el Sistema de Retiro de Maestros (SRM).

La presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), María Lara, indicó que, ‘es una buena noticia, porque nos da esperanza de que el Tribunal Supremo evalúe el asunto de forma imparcial.’

No obstante, para Lara esto no significa que el magisterio se deba desmovilizar ya que lo ocurrido se debe también en parte a la lucha que los educadores demostraron el martes.

‘Tenemos que incrementar la lucha para que aquellos que tienen en sus manos intervenir en la controversia lo hagan apegándose a lo que estrictamnte en derecho se tienen que apegar’, puntualizó la presidenta del FMPR.

Con esto coincidió la líder del grupo EDUCAMOS, Eva Ayala, ya que la decisión del Supremo simplemente indica que se detienen los efectos de la ley pero no que se ha resuelto la controversia en cuestión.

Entretanto, la presidenta de la AMPR, Aida Díaz, indicó en comunicación escrita que celebra la decisión del Tribunal Supremo.

‘Hemos recibido la buena noticia de que los efectos de la ley que reformó el retiro de los maestros, fueron paralizados hasta que el Tribunal Supremo tome una decisión final’, indicó Díaz.

No obstante, resaltó, ‘Que quede claro, esto no detiene los planes de paro y lucha que se está llevando acabo, por el contrario ahora tenemos que ser más contundentes en el mensaje que el magisterio tiene que llevar como reclamo de justicia. Mañana todos tenemos que estar presentes a partir del mediodía frente al Departamento del Trabajo’.

Los jueces Luis Estrella Estrella, Mildred Pabón, Eric Kolthoff y Rafael Martínez votaron a favor de acoger el recurso, mientras el juez Roberto Feliberti se inhibió; y Federico Hernández Denton, Anabelle Rodríguez y Liana Fiol Matta conformaron el bloque disidente.

Sin embargo, los ocho jueces acordaron nombrar al juez Ángel Pagán Ocasio, quien atiende el caso en primera instancia, como comisionado especial.

‘Este deberá recibir prueba sobre las alegaciones de los peticionarios y debe rendir un informe que contenga exclusivamente determinaciones de hecho. Asimismo, el comisionado especial deberá incluir en el expediente del caso cualquier evidencia documental presentada por las partes’, indica el escrito, y se añade que todas las determinaciones deben entregarse en o antes del 7 de febrero de 2014.

El pasado 8 de enero, la AMPR junto a un grupo de educadores, presentaron en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, un recurso legal solicitando un interdicto preliminar y permanente, y una sentencia declaratoria para declarar inconstitucional la Ley 160.