La lógica económica favorece despenalizar la posesión de la marihuana

La lógica domina el debate sobre la despenalización de la marihuana cuando se trata como una cuestión de matemática básica. Una convicción por posesión de marihuana le cuesta al pueblo de Puerto Rico $120,000. La rehabilitación de un adicto a la heroína le costaría unos $8,000. Si a ese mismo adicto tambien se le envía a estudiar por cinco años a la universidad pública, totaliza unos $20,500.

Es decir, si en vez de enviar a la cárcel a una persona por poseermarihuana, Puerto Rico optara por rehabilitar un adicto, se estaría ahorrando casi $100,000 en cada caso.

Esta fue la propuesta de canje que dejó sobre la mesa Rafael Torruellas, director de Intercambios Puerto Rico y de la campaña por la descriminalizacióndurante el foro Marihuana Inc., Más allá de la prohibición, que organizó el Movimiento Pro Justicia Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

Torruellas, cuya organización apoya la descriminalización de todas las drogas, desmitificó la teoría del puente, que apunta a que la marihuana dirige a sus usuarios a experimentar con otras drogas. ‘Pensar eso es como creer que la Tierra es plana’. Señaló, además, que la despenalización no aumenta el uso, sino que baja la incidencia de consumo en poblaciones que no deben utilizarla, como los menores; y baja la criminalidad y el contagio delVIH, según la experiencia documentada en otros países.

Australia, Bélgica, Egipto y Holanda han optado por despenalizar la marihuana. En otros como España, Italia, Portugal y Suiza, su uso no es un riesgo de cárcel, sino de sanciones administrativas.

Uruguay, donde ya la Cámara de Diputados aprobó la legalización y el Senado se apresta a validarla, tiene sobre la mesa una extensa plataforma en favor de la regulación responsable.

El científico social Torruellas no niega que el uso de la marihuana conlleve riesgos. Uno de ellos, que de 100 personas que la fuman, nueve pueden tener problemas. ‘Pero la cárcel no es la solución’.

Y en este punto han coincidido el resto de los participantes de la discusión,puesto queel costo social de la penalización con cárcel es aún mayor que el económico. El encarcelamiento significa para cada sujeto la huella perenne de un expediente criminal que no podrá ser eliminada, un riesgo de contraer enfermedades en la prisión, la pérdida del empleo y de la custodia de menores, la incapacidad de ser productivo mientras dure la convicción, y la dificultad para obtener becas, ayudas estudiantiles, préstamos, y próximos empleos.

En cuestión de salud, ‘la mayoría de la gente muere por drogas legales, como el azúcar, la coca cola…’, planteó el psicólogo clínico y rector de la Universidad Carlos Albizu, José Juan Cabiya. ‘El estado no tiene que intervenir en las actividades privadas, salvo para prevenir que se cause daño a otros’.

Entonces, si se consideran las evidencias que apuntan a que la despenalización reduce la criminalidad, y que el riesgo de daño es significativamente menor al de otras drogas legales como la nicotina del cigarrillo, que causa cáncer, y el alcohol, cuyo abuso puede conllevar un riesgo para otros, no se justifica una prohibición total de la marihuana.

‘Si hay dos sustancias que son buenas candidatas para la prohibición’ –la nicotina y el alcohol, porque su consumo conlleva un peligro para la salud o para la seguridad y queremos prevenir que la consuman menores- ‘no seguimos una política de prohibición porque sabemos que prohibirlas no va a solucionar los problemas, sino que añadiría otros problemas’, presentó el profesor Rafael Bernabe, excandidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador.

La experiencia quedó registrada en la historia. El alcohol estuvo prohibido en Puerto Rico por 17 años, período en el que la violencia y la criminalidad aumentó y la corrupción en el gobierno se disparó. Esto ocurrió entre 1917 y 1934.

‘Lo lógico, lo que hace sentido es que usemos políticas similares a las que seguimos con otras sustancias’. Que se reglamente su producción y esté sujeta a inspecciones del Departamento de Hacienda, que se establezcan edades para el consumo legal, que se reglamente su distribución y su uso en forma y lugar. Es la propuesta de Bernabe.

La discusión ha sido en parte consecuencia del propuesto proyecto 517, de la autoría del senador Miguel Pereira, que busca descriminalizar la posesión una onza de marihuana por personas de 21 años o más. Actualmente, quienes sean juzgados por estas circunstancias se exponen a una pena de tres años de reclusión y a tener que pagar una multa de $5,000.

Pereira participó del foro y presentó su justificación: una enumeración de gastos que incluyen los $5,000 millones gastados en los últimos 10 años en costos directamente asociados a la guerra contra las drogas (500 millones al año).

‘Sabiendo que algo no funciona, nosrehusamos a cambiarlo. Estamos participando en esa marcha hacia la irrelevancia, hacia la tontería’, sostuvo Pereira, quien claramente ha de incluir en esa llamada marcha al retroceso a miembros de su propio partido, comenzando por el gobernador Alejandro García Padilla, que se oponen de plano a la propuesta.