El presidente interino de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, Nelson Torres Yordán, negó comentar si la comisión que preside tendría jurisdicción sobre las dos querellas que pesan contra el portavoz de la mayoría popular, Charlie Hernández, en caso de que este haya renunciado al contrato.

El representante fue notificado el miércoles de ambas querellas y tiene ahora 15 días laborales para contestar. Entonces, la comisión tendrá 30 días para determinar si hay causa o si procede una desestimación sumaria por no tener jurisdicción sobre el caso.

La querella que enfrenta el representante se debe a que en la votación del 30 de junio de 2013, votó a favor de la Resolución Conjunta Núm. 17 – de presupuesto – que le otorgó 156 mil dólares a la entidad para la cuál trabajaría por contrato.

Sin embargo, en una entrevista radial, Hernández negó que haya incurrido en violación del Código de Ética, puesto que el contrato con la Asociación de Legislaturas Municipales nunca entró en vigor. Éste pudiera ser uno de los elementos que utilice en la respuesta que debe entregar previo al 5 de agosto.

‘Eso es parte de lo que estamos evaluando’, comentó Torres Yordán.

Para el abogado que presentó la primera querella ante la Comisión de Ética, Libargo Hernández, el legislador incurrió en violación también al Código Penal y al reglamento de la Cámara, que establece en el artículo 37.5 que si hay un conflicto de interés en su persona o un allegado suyo, tiene que inhibirse.

La evaluación de la querella se da en momentos en que la legislatura aún no ha actualizado el Código de Ética para responder a la nueva realidad de un legislador que puede recibir ingresos más allá de su salario como funcionario público, según la nueva Reforma Legislativa.

Al momento, sigue vigente el Código de Ética del 2009, y no hay fecha para presentar una enmienda, que lo atempere a la nueva realidad del legislador.