Usted que rinde planillas, sepa que parte de sus impuestos ayudan a enriquecer aún más a empresas multimillonarias como la polemica Monsanto. El Departamento de Agricultura de Puerto Rico ha otorgado, en los últimos seis años, más de $20 millones en fondos públicos a esta y otras siete multinacionales, que han llegado a la Isla a experimentar con semillas modificadas geneticamente.

Las compañías beneficiadas, sin embargo, incumplen un requisito fundamental para obtener esos incentivos: no son empresas agrícolas. Además, cuentan con el visto bueno del Gobierno para controlar más de 500 acres de tierra; o sea, exceder el límite que permite la Constitución. Así lo sostiene una opinión confidencial del Departamento de Justicia, a la que tuvo acceso el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Esta contradicción se mantiene cuando el Departamento de Agricultura, bajo la nueva administración de la profesora Myrna Comas, continúa otorgándole esos fondos públicos en forma de subsidios salariales. La Autoridad de Tierras, bajo la sombrilla del Departamento de Agricultura, está además, en conversaciones con Monsanto para renovarle dos contratos de arrendamiento en parte de las mejores tierras cultivables del País en llanos de Juana Díaz equivalentes a 768 acres: 268 más de los que permite la Constitución.

En esas tierras, Monsanto lleva a cabo una actividad llamada biotecnología agrícola: la disciplina de ‘mejorar’ especies como el maíz, soya y algodón, por ejemplo, cruzando sus genes con los de otras especies. Se trata de una actividad de investigación y desarrollo científico, cuyos productos no son alimentos para el consumo inmediato, sino que se desarrollarán en otro país (EEUU), de modo que no se enmarcan en la definición de agricultura, sostuvo Guillermo A. Somoza Colombani, secretario de Justicia durante la administración anterior.

Esta opinión de Justicia contestó una consulta hecha por la Compañía de Fomento Industrial, que inquirió el año pasado si estas multinacionales violaban la Constitución al controlar más de 500 acres. Somoza sostuvo que no. Consideró que el Artículo VI impone el límite para evitar el dominio de empresas dedicadas a la agricultura, específicamente los latifundios azucareros de principios del siglo pasado.

Y la opinión de que no son empresas agrícolas y que pueden controlar más de 500 acres se mantiene en esta administración, según una declaración del actual titular de Justicia, Luis Sánchez Betances, enviada al CPI. No obstante, éste prepara un análisis jurídico nuevo, porque Comas le solicitó el mes pasado su parecer sobre el control de más de 500 acres por parte de Monsanto, en el contexto de la renovación de los contratos para alquiler de tierras públicas en Juana Díaz. Monsanto controla unos 1,500 acres de tierra entre Juana Díaz, Santa Isabel, Isabela y Aguadilla.

Las semilleras tienen por el momento campo abierto para adquirir más tierras en el país, mientras siguen recibiendo beneficios, como exenciones contributivas de Hacienda, que las considera ‘agricultores bonafide’.

Para más detalles, vea el Centro de Periodismo Investigativo.