La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago, caracterizó el jueves como un pobre ejercicio el informe presentado por el Government Accountability Office (GAO) sobre el efecto potencial de alteración a la ley Jones, conocida como Ley de Cabotaje.

‘Este informe, por el que tuvimos que esperar 18 meses, confirma lo que ya todos sabíamos: que las leyes de cabotaje están diseñadas para que los consumidores puertorriqueños subsidiemos a la Marina Mercante norteamericana. Me perece, por lo tanto, insuficiente la propuesta que hemos escuchado de promover cambios parciales a esa legislación, en lugar de exigir que se nos exima completamente de la carga que representa. Si los estadounidenses quieren subsidiar a su Marina Mercante que lo hagan con sus recursos porque no existe justificación alguna para que alguien que pretenda representar al pueblo puertorriqueño consienta a la permanencia de ese injusto gravamen sobre el consumo en nuestra tierra’, dijo Santiago en un comunicado.

‘Con este informe el gobierno norteamericano nos estruja en la cara su poder colonial. Si alguien dudaba del carácter colonial del ELA, con esta declaración se confirma que el estatus de subordinación actual solo sirve para beneficio de los Estados Unidos, en menoscabo de los mejores interés del pueblo puertorriqueño’, agregó.

Una de las primeras mediadas radicadas por la portavoz del PIP, la Resolución Concurrente del Senado Núm. 8, propone que la Asamblea Legislativa le solicite al Congreso de los Estados Unidos que excluya a Puerto Rico del ámbito de aplicación de la legislación federal de cabotaje.

Así también la legisladora informó que presentó las Resoluciones del Senado 196, 197, 198 y 205 que proponen, respectivamente, investigar los procesos para la obtención de permisos del propuesto parque eólico Windmar Renewable Energy System en Guayanilla, el funcionamiento de los proyectos de energía eólica Pattern Energy en Santa Isabel y Gestamp en Naguabo, el proceso de implantación de la Ley Núm. 129-2000, que declara como monumento natural el área donde se encuentra localizado el Cerro de las Cuevas del Barrio Guayabal en el municipio de Juana Díaz y los efectos que tendría la operación de incineradoras de desperdicios sólidos en la población y en el ambiente como el propuesto por la compañía Energy Answers International, Inc., en Arecibo.

Con respecto a los proyectos eólicos, Santiago señaló que le tomaron el pelo al gobierno de Puerto Rico. ‘No se produce la energía que prometieron y la que se produce no es al costo que prometieron’.

‘El decreto de la pasada administración, de un estado de emergencia energético, se utilizó como parapeto para ahogar la discusión pública sobre las deficiencias y peligros de algunos de los proyectos propuestos. Con este conjunto de medidas esperamos que se le brinde espacio a las comunidades y a los grupos de interés que desde hace años están dando la voz de alerta sobre las premisas equivocadas de estos mal llamados proyectos de energía alternativa’, puntualizó la legisladora independentista.

Santiago indicó que en el caso particular de la propuesta de incineración de desperdicios sólidos en Arecibo, se quemarían 2,100 toneladas de basura al día, generando emisiones con metales pesados, dioxinas y furanos, que expertos ambientales han advertido son extremadamente nocivos la salud.

A ese proyecto se han opuesto los representaos de la industria lechera, los alcaldes de la región y la academia.