El gobernador Alejandro García Padilla se mostró complacido con el cambio de postura adoptada por el Departamento de Justicia de unirse al caso de una pareja de lesbianas en la que una de ellas busca adoptar a la hija biológica de la otra.

‘La posición que nosotros hemos dicho continúa inalterada. De lo que se tiene que tratar la evaluación de una adopción es en el bienestar del menor. Nuestra posición es que cuál es, si es que es manifiesta o si es que no lo es, la orientación sexual de una persona que procura adoptar para el bienestar de ese menor tiene que suscribirse al bienestar del menor. Lo que pasa en la recamara de una persona no es lo que se debe evaluar, sino se le conviene a ese menor ese adulto como padre o madre adoptante’, sostuvo García Padilla en un aparte con periodistas.

‘De lo que se tiene que tratar y, a mi juicio, se tiene que haber tratado siempre es de cuál es el bienestar del menor no de cuál son las orientaciones o la practica en la intimidad de la persona adoptante’, sostuvo el mandatario sobre el cambio en la política pública.

Ayer, la Procuradora General de Justicia, Margarita Mercado Echegaray, presentó un escrito ante el Tribunal Supremo expresando su apoyo a la Solicitud de reconsideración presentada por la peticionaria, Ángeles Acosta, compañera de la profesora Carmen Milagros Vélez.

En el escrito se presenta la posición del Estado en apoyo a la solicitud de adopción, así como a los planteamientos de discrimen e inconstitucionalidad que significa prohibir la adopción por razón de ser pareja del mismo sexo.

‘La política pública del Estado Libre Asociado es eliminar los vestigios de trato desigual a base de sexo, orientación sexual y género en nuestro ordenamiento y atemperar el ordenamiento jurídico al mandato de igualdad e igual trato dispuesto en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’, destacó la Procuradora General en su escrito.

‘Toda vez que sancionar una prohibición de adopción en el contexto de parejas del mismo sexo encierra un trato desigual a base de la orientación sexual, nos unimos a la solicitud de la peticionaria de que este Honorable Tribunal reconsidere su dictamen y el análisis empleado’, agregó en la quinta página del documento.

De acuerdo con la licenciada Nora Vargas Acosta, Profesora de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR, ‘tanto la peticionaria, como la madre biológica, expresan satisfacción con las expresiones y la posición adelantada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico’.

Vargas Acosta señaló, además, que ‘la posición adelantada por el Estado refleja un compromiso con una sociedad que respeta la dignidad del ser humano y la igual protección de las leyes. Nos afianza la esperanza de lograr el cambio requerido’.

La demandante pidió al Supremo una reconsideración de una sentencia mayoritaria en la que no se le concede la adopción. El recurso pide al máximo foro judicial que conceda la adopción de la menor, ‘reconociendo de esta forma la filiación de facto que ya existe entre la peticionaria y la menor, y honrando así el principio rector del mejor bienestar de la menor reconocido en reiteradas ocasiones por este Alto Foro’.

Se explica en la moción que la niña y las dos mujeres conforman una familia enmarcado en el amor, afecto, seguridad, protección y bienestar. Sin embargo, la falta de reconocimiento de los derechos y obligaciones que emanan de la relación filial, que de facto tienen, mantienen en estado de fragilidad e incertidumbre la estabilidad familiar. ‘La menor es desprovista de protecciones que ofrece nuestro ordenamiento jurídico por el solo hecho de haber nacido a una familia de dos mujeres, y que, de haber nacido en un hogar monoparental o heterosexual, gozaría’.

Se presenta la realidad social actual en la que la diversidad familiar se ha convertido en la norma, que pueden estar compuestas por otras figuras que no sean hijos con un hombre y una mujer casados entre sí.