El gobierno federal contempla en sus estatutos la posibilidad de la pena de muerte y no otorga, a diferencia de la Constitución de Puerto Rico, el derecho absoluto a la fianza. Como consecuencia, la extensión del Memorando de Entendimiento entre las agencias estatales y federales del orden público pudiera significar un aumento en la posibilidad de que la pena de muerte se aplique en Puerto Rico, a la vez que mina el derecho absoluto a la fianza de los imputados.

‘Aparentemente no hemos aprendido nada de los años que llevamos lidiando el crimen con represión e intimidación. Coartar derechos y los castigos severos poco aportan a la reducción de la criminalidad y la violencia’, señaló Pedro Santiago, Director Ejecutivo de la sección de Puerto Rico de Amnistía Internacional.

‘Esta nueva administración tiene la oportunidad de distanciarse de la política de mano dura que ha fracasado en todas las administraciones anteriores. Si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados’, añadió.

De acuerdo con las posturas de la AI, la lucha en contra de la criminalidad requiere de mecanismos diversos, pero recalcan que la solución reside en los esclarecimientos de casos, la rehabilitación y la prevención, y no en la reducción de derechos.

Por otro lado, la organización espera que la enmienda al Memorando de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) original, retenimiento bajo la jurisdicción local ciertos casos, aunque estén incluidos en el acuerdo, pudiera significar la intención de excluir casos de pena de muerte. En este sentido, Santiago indicó que ‘aunque en principio no respaldamos un MOU que limite garantías, ante la realidad política actual, si reconocemos la necesidad de algún tipo de acuerdo que mantenga a Puerto Rico como un país abolicionista en teoría y en la práctica’.

‘Un asunto tan medular no debería estar solamente sugerido, sino plasmado explícitamente’, recalcó Santiago.

AI se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente del delito del que se trate, de las características del delincuente y del sistema de ejecución utilizado por el Estado.

‘La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.La aplicación de la pena capital no ha generado menos criminalidad, ni siquiera en los estados de la nación en los que se aplica’, puntualizó Marjorie Vázquez, presidenta de la Junta Directiva de la sección de Puerto Rico de AI.