Con el fin de evitar que el Departamento de la Familia (DF) continúe removiendo personas de edad avanzada en estado de fragilidad ?arbitrariamente? y ?como reses o como ganado? a altas horas de la noche, la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración (ADCCLD) le exigió el lunes al gobernador Luis Fortuño, que convoque a la legislatura a una sesión extraordinaria con el fin de aprobar el Proyecto del Senado 2474 y así garantizar la protección de los derechos civiles de este sector demográfico en Puerto Rico.

La extensa pieza legislativa, de la autoría del senador Carmelo Ríos, busca sustituir la Ley Núm. 94 del 22 de junio de 1977 y así proveer mecanismos reguladores que se atemperen a los tiempos actuales y a las necesidades tanto del personal que labora en los centros de cuidado de larga duración, así como de las personas de edad avanzada en estado de fragilidad que son atendidas por estos lugares de servicio.

Por un lado, el proyecto busca garantizar la erradicación de hogares clandestinos y establecer como política pública el establecimiento de centros de cuidado que operen bajo los más altos estándares de sanidad, preparación del personal, sensibilidad y ética, entre otros requisitos.

De otra parte, la pieza también aspira a proteger los derechos civiles de esta población de la tercera edad, quienes son abruptamente removidos de hogares de cuido cuando dichos lugares son señalados por incumplir con alguna regla y no reciben oportunidad gubernamental para corregir la falla, a pesar de llevar años operando de forma exitosa y bajo los más altos estándares de profesionalismo.

‘El proyecto de ley provee un protocolo de remoción para las personas de edad avanzada frágil para que no sean removidas de centro de cuidado de larga duración atropelladamente, como está pasando en la actualidad. Hay un protocolo bien elaborado, bien trabajado para que no se sigan violando los derechos de las personas de edad avanzada institucionalizadas’, expresó la presidenta de la Asociación, Tamara Pérez, durante una manifestación que se llevó a cabo frente a La Fortaleza con el propósito de solicitarle al gobernador la celebración de una sesión extraordinaria para aprobar la medida presentada por el senador Ríos.

‘El Departamento de la Familia lleva a cabo unas remociones arbitrarias sin contar con una ambulancia, sin contar con los médicos de cabecera de esa persona de edad avanzada, y los pretenden meter en las guaguas o en los autos que llevan, como reses o como ganado. Son humanos y merecen respeto. Las horas son los viernes a las 12 ó una de la mañana’, añadió Pérez.

Ante la culminación de la última sesión ordinaria de la legislatura, el proyecto 2474 quedó en el aire, y aunque éste fue aprobado por el Senado, la Cámara de Representantes y el Comité de Conferencia del Senado, la propuesta no puedo convertirse en ley debido a que no pasó bajo la consideración del Comité de Conferencia de la Cámara, y por ende, no pudo llegar a La Fortaleza en busca de la firma del gobernador Fortuño.

Asimismo, los representantes de la Asociación arremetieron contra el DF estatal por su alegada informalidad tanto en los procesos de emitir permisos, como en aquellas instancias en las cuales se retira endosos gubernamentales a centros que supuestamente operan sin reunir los requisitos mínimos, según establecidos por la ley de 1977.

‘Este proyecto trae una solución, la cual no ha traído la agencia reguladora principal que es el Departamento de la Familia. Este proyecto, en ningún momento deja sin regular ningún centro de larga duración. Al contrario, estamos siendo más regulados para brindar una mejor calidad de vida a nuestras personas de edad avanzada frágil’, expresó por su parte Minerva Gómez, quien forma parte de la Asociación como delegada del Área Centro.

Gómez también culpó al DF por ser supuestamente cómplice en el desarrollo de centros clandestinos. Según la Asociación, en la isla actualmente operan más de 100 centros clandestinos.

‘El mismo Departamento de la Familia de Puerto Rico propicia la clandestinidad, porque tienen un manual de que cuando ellos identifican un hogar clandestino, le dan 60 días para que se pongan al día. Mientras, hay hogares o centros que por un documento, y que tiene un patrón consecutivo de cumplimiento, le cancelan sumariamente, y eso no es justo’, acotó Gómez.

En Puerto Rico, actualmente operan más de 300 centros de cuidado dirigidos a la población de edad avanzada en estado de fragilidad.

Cerca de 13,000 personas de ese sector demográfico son atendidas en estos centros de servicio y cuido.