Las acusaciones se relacionan con emisiones de un incinerador comercial de Mo-Na-Co Biomedical & Environmental Corp. en Aguadilla.

Un gran jurado federal acusó a Ramón Plaza Gregory, Ileana Cortés González y Mo-Na-Co Biomedical & Environmental Corp. por supuestas violaciones a la Ley de Aire Limpio, anunció fiscalía federal.

La acusación incluye cinco violaciones a la Ley de Aire Limpio y un cargo por conspiración para violar esa ley, relacionados con emisiones del incinerador comercial de la corporación en Aguadilla.

Según la acusación federal, el incinerador pertenecía a Plaza Gregory y era operado por este y Cortés González. La empresa tenía autorización para incinerar desperdicios patológicos, bajo límites sobre los materiales que podía quemar y las emisiones permitidas.

Las autoridades federales alegan que, desde agosto de 2021, Plaza Gregory y Cortés González quemaron materiales no autorizados, utilizaron equipo defectuoso y excedieron los límites de emisiones.

La acusación sostiene que, después de que un inspector de la Agencia de Protección Ambiental notificó las violaciones, Plaza Gregory comenzó a operar el incinerador durante fines de semana y días feriados.

Los fiscales federales indicaron que los acusados continuaron la operación ilegal y que nuevos excesos de emisiones fueron documentados en julio de 2024.

En septiembre de 2024, el permiso de emisiones de la corporación expiró y no fue renovado. Aun así, los acusados supuestamente continuaron con la operación del incinerador durante fines de semana hasta al menos abril de 2026.

“La Ley de Aire Limpio es una pieza fundamental de la ley ambiental estadounidense, y cuando sus guías claras son ignoradas, estamos comprometidos con hacerla cumplir”, expresó Adam Gustafson, subsecretario auxiliar principal de la División de Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia federal.

Carlos Goris, agente especial a cargo de la oficina del Negociado Federal de Investigaciones en San Juan, sostuvo que los delitos ambientales no son abstractos ni carecen de víctimas, porque impactan la salud, la seguridad y la calidad de vida de las comunidades.

Jeffrey Hall, administrador auxiliar de cumplimiento de la Agencia de Protección Ambiental, indicó que la empresa violó su permiso al quemar desperdicios biomédicos y, luego de vencido el permiso, continuar con la quema de desperdicios patológicos.

“No se sabe qué contaminación dañina fue emitida por una incineración indebida e incompleta”, dijo Hall.

De ser convictos, Plaza Gregory y Cortés González enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión y multas de 250,000 dólares por cada cargo. La corporación enfrenta multas de hasta $500,000 por cada cargo.

La investigación estuvo a cargo de la División de Investigación Criminal de la Agencia de Protección Ambiental y la oficina residente del Negociado Federal de Investigaciones en Aguadilla, como parte del Grupo de Trabajo de Delitos Ambientales de Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses.

La acusación es una alegación y los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable en un tribunal.