Una demanda que reclama compensaciones de $10 millones pesa en el Tribunal Federal contra el alcalde popular de Juncos, su esposa y una empleada suya por supuestamente engañar a sobre una decena de pacientes renales, haciéndoles creer que se gestionaban tratamientos y apropiándose ilegalmente del dinero que los ciudadanos pagaban a estos fines.

Se acusa a la exempleada municipal Iris Dávila, quien el 28 de julio de 2011 fue hallada culpable de cargos criminales relacionados con el asunto que trata esta demanda, de defraudar a los pacientes, todos candidatos a transplante de riñón y otros tratamientos por más de $25,000. A estos, supuestamente, prometió evaluaciones para tratamientos y transplantes en hospitales de Estados Unidos entre 2009 y 2010. Esto aparentemente ocurrió bajo los servicios ofrecidos por el Municipio de Juncos, a través de la Oficina de la Primera Dama.

Al momento de someterse la demanda el 10 de mayo pasado, dos de los que figuran en el pleito habían muerto sin recibir un transplante y otros dos se encontraban hospitalizados en condición crítica.

El supuesto esquema comenzaba cuando los ciudadanos llegaron hasta la alcaldía tras enterarse de que el Municipio ofrecía unas ayudas a pacientes como ellos. Allí, Dávila les requirió copia de todos los documentos relacionados con su condición médica, incluyendo récords médicos y otros documentos personales.

Tras decirles que había comenzado a gestionar su caso, pidió depósitos de dinero y giros para supuestos protocolos y trámites en clínicas estadounidenses. Dávila, además, anunció recolectas de dinero en nombre de los pacientes, que nunca vieron un centavo. Meses más tarde y tras haber desembolsado miles de dólares supieron que Dávila no tenía ninguna conexión con las clínicas ni estaba autorizada a pedir dinero en nombre la instituciones médicas.

Como resultado de las acciones, además de haberles sido robado su dinero, los supuestos perjudicados fueron inducidos a poner sus esperanzas por un tratamiento médico en un proyecto no existente, en el proceso de perder valioso tiempo y recursos y poner en peligro su salud.

El alcalde Alfredo ‘Papo’ Alejandro, del Partido Popular Democrático, es demandado en su carácter personal como alcalde de Juncos por promover una política sin establecer los procedimientos adecuados para proveer los servicios, por fallar en proteger a los enfermos y necesitados del abuso de empleados como Dávila y por fallar en la contratación, supervisión, entrenamiento y disciplina.

La esposa de Alejandro, Medelicia Peña, también resulta demandada por las mismas razones. Según el documento sometido en el tribunal, ninguna ha provisto remedios a los demandados tras haberse enterado de que fueron despojados de su propiedad y privacidad a manos de una empleada que actuaba en nombre de la alcaldía.

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