La presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González, afirmó que su madre siempre ha actuado cónsono a las leyes, aunque reconoció que fue por NotiCel que se enteró de una demanda en contra de la funcionaria de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV).

‘Me acabo de enterar por ti, yo desconocía de la demanda. No conozco los pormenores del caso, pero conociendo a mi madre como la conozco, es lo suficientemente responsable como para atender cualquier situación’, dijo la líder cameral en un aparte con la prensa.

Un consejero ciego de ARV demandó en el Tribunal Federal a la jefa de la agencia, Nydia Colón Zayas, madre de la legisladora, porque supuestamente lo discrimina al, precisamente, no darle la ayuda que un empleado con su condición necesita para prestar el servicio a los demás.

‘(La demanda) se va a atender y se atenderá según los parámetros en ley y que así lo permiten’, señaló González.

No obstante, la Presidenta cameral defendió la gestión de su madre frente a la dependencia que recibe fondos federales.

‘La oficina de Administración de Rehabilitación Vocacional, que recibe fondos federales, tenía serios señalamientos de violaciones a nivel federal, tan es así que amenazaban con quitarle los fondos, y bajo la incumbencia de mi madre, se han tomado las medidas correctivas y los planes de cumplimiento para que esté en cumplimiento para sacarla de esa sindicatura’, apuntó González.

La ARV maneja sobre $70 millones anuales en fondos federales.

Javier Ramos Crespo, de 41 años y con 20 años sufriendo ceguera total, comenzó a trabajar como consejero en la ARV en julio de 2011, en donde, para poder dar consejería, tiene que familiarizarse con los voluminosos expedientes de cada solicitante, los cuales están compuestos de documentos y notas manuscritas.

Ramos usa dos programas de computadora que le leen en voz alta algunos documentos, pero eso no incluye manuscritos, tablas de operaciones numéricas, números, y otros, por lo que necesita asistencia de personas que puedan servirle de lectores.

El consejero tiene 45 casos asignados, pero sólo 21 de ellos están en el sistema de computadoras de la ARV, por lo que el resto los tiene que trabajar a mano, incluyendo la verificación de facturas por equipo médico y la preparación de cheques para pagar por servicios.

La carga de trabajo es tal que todos los consejeros en la ARV tienen al menos un consejero. Todos, excepto, según la demanda, el propio Ramos.

La necesidad de que a Ramos se le provea un acomodo razonable ha sido reconocida por supervisores suyos en la ARV pero, en vez, la administradora Colón Zayas lo colocó en una probatoria de seis meses que concluye el 30 de abril.

Según la demanda que preparó el propio Ramos, ‘es esencial que se le provea acomodo razonable para cumplir con sus funciones, particularmente porque el período de seis meses de probatoria al que se hace referencia en la carta de Colón Zayas, vence el 30 de abril de 2012’.

‘Todos los demandados saben claramente que su obstinación, y la de la ARV, en proveerle un acomodo razonable, le están causando desasosiego emocional severo, y probablemente poniendo en riesgo el trabajo de consejero de Ramos’, añade en el recurso presentado contra Colón Zayas, el Gobernador, el Secretario del Trabajo, y otros dos empleados de la ARV, Juan Ortiz Ortiz y Rosa Esquilín Cintrón.