La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) levantó el viernes una serie de interrogantes ante la propuesta de la rectoría del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de convertir en un espacio peatonal el campus universitario.

El proyecto pretende que los estudiantes paguen un sello electrónico de estacionamiento a un costo de siete dólares y que sean transportados a los distintos edificios del recinto mediante un sistema de trolleys. La intensión es evitar el tránsito vehicular por las calles del campus en busca de atajar la oleada de violencia y ataques registrados este pasado año.

Sin embargo, la presidenta de la APPU, la profesora Lidda Orta, destacó que el plan ha tenido una evaluación ‘increíblemente somera’, a juzgar por el impacto que representará en la comunidad universitaria. Además, insistió que no se ha contado con el parecer del estudiantado y profesorado.

‘A nosotros nos preocupa mayormente si ha habido participación o no. La participación que se mantiene sobre todo el recinto de Río Piedras, es de la rectora con su grupo de trabajo inmediato’, sostuvo en entrevista radial (Wapa Radio).

Orta mencionó que la Junta de Seguridad del recinto no ha tenido participación en los procesos de evaluación del proyecto, a pesar de que es el ente llamado a tomar cartas en estos asuntos del recinto. Agregó que le preocupa de donde saldrá el dinero para obtener y mantener los trolleys, así como en quien recaerá la vigilancia a través de las cámaras de seguridad y cómo se va a garantizar la privacidad de profesores y estudiantes.

‘Esto debió haber sido un buen plan. Debió haber sido un plan participativo. Debió presentar soluciones a los problemas de criminalidad, que realmente han sido causados por los desacertados esfuerzos e ideas que ha tenido la rectora con respecto a la eliminación de verjas y la articulación de arreglos de jardinería para el Recinto de Río Piedras’, sentenció.

Incluso, mencionó que le parece excelente que se vayan a impartir adiestramientos, pero cuestionó si se le darán a la guardia universitaria, o a la privada y quien los costeará.

‘Aquí no se identifica ni cuánto es el costo, ni quién lo va a pagar, ni en qué momento estaría siendo aplicado. Se presenta una fecha preliminar de febrero que obviamente los que vivimos en ese recinto y pasamos todos los días por él, sabemos que es completamente irracional porque no hay la infraestructura para poder implantar esto en febrero’, subrayó la profesora.

‘Las incertidumbres y las preguntas con respecto a este proyecto sobrepasan las bondades que podría tener. Nosotros necesitamos una articulación de una junta de seguridad compuesta por elementos docentes y no docentes ya establecidos en certificación para poder desarrollar un plan que responda a las necesidades de Río Piedras’, agregó.

Entretanto, recalcó que en el recinto ha permeado una falta de participación de profesores y maestros en la toma de decisiones que afectan a toda la comunidad universitaria.

‘Este tipo de actividades que no están planificadas respondiendo a la necesidad de servicio de los estudiantes, de mantener la calidad de educación universitaria, no se ve ningún tipo de relación de una cosa con otra. Se siguen haciendo decisiones imprevistas, desacertadas’, insistió.