En medio de la disipación de una huelga de trabajadores y de la preparación de manifestaciones esta semana en oposición a la cuota que planean establecer en la Escuela Superior de la Universidad (UHS), el Presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Miguel Muñoz, impuso la expulsión de por vida al líder estudiantil Ibrahim García González, castigo que raramente ha sido impartido. Además, la rectora del Recinto de Río Piedras, Ana Guadalupe, ordenó la suspensión por dos años contra el también líder estudiantil Ian Camilo Cintrón Moya, quien enfrentaba un proceso disciplinario desde principios de año.

García González enfrentaba un proceso disciplinario por hechos ocurridos el 7 de marzo del 2011 en la Facultad de Arquitectura. Solo le faltaban 26 créditos para acabar su bachillerato en ciencias políticas y vislumbraba hacer una maestría interdisciplinaria en producción audiovisual de contenido social.

Dichas metas ahora están a punto de ser tronchadas por una recomendación que Muñoz acogió de la Junta de Disciplina. A pesar de que la oficial examinadora a cargo del proceso disciplinario, Berta L. Mainardi, recomendó en su informe final que se le impusiera al estudiante una suspensión de 2 años y un año adicional de probatoria, la Junta de Disciplina no estuvo conforme.

La Junta acogió el informe, pero añadió que la sanción recomendada por la oficial examinadora no era suficiente y que debería ser más severa para el estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras.

Muñoz, líder de una nueva era en la UPR en la que se han ‘reformado’ medios de comunicación como Radio Universidad y el periódico Diálogo y fierro defensor del programa del Reserve Officer Training Corps (ROTC), acogió la recomendación de la Junta de Disciplina e impuso la expulsión definitiva como estudiante de la Universidad de Puerto Rico, buscando silenciar, en este caso, una de las voces líderes de los pasados conflictos universitarios.

Al líder de la Unión de Juventudes Socialistas (UJS) se le imputaron violaciones al reglamento de estudiantes, adjudicándosele responsabilidad por los incidentes, en los cuales, según alega la administración de la UPR, resultaron heridos el director de Seguridad y Manejo de Riesgos del Universidad de Puerto Rico, José Rodríguez, y la Rectora Ana Guadalupe.

A pesar de que la administración de la UPR dice que ese suceso es suficientemente grave para la pena máxima disciplinaria, a García González recientemente se le cayeron en un tribunal las imputaciones de agresión agravada. Aún enfrenta un caso de agresión menos grave en el tribunal por los mismos eventos y su juicio continua el 15 de noviembre en la sala 1102 del Tribunal de San Juan.

Los abogados del estudiante insisten que durante el proceso disciplinario administrativo no desfiló prueba alguna que justifique la expulsión definitiva del estudiante y que si se estudia el historial disciplinario de García se puede observar un claro patrón de persecución selectiva que comienza antes de la huelga que comenzó en abril de 2010.

‘Seguimos pa’ ‘alante’ con la lucha’

El estudiante, que completó un grado asociado en producción de cine y televisión en Argentina, dijo que apelará en los foros universitarios pertinentes, pero que, sobre todo, considera buscar acción legal en los tribunales.

‘Vamos a apelar ante los fotos pertinentes en la Universidad y radicar un recurso sobre esto, pues entendemos que el proceso disciplinario en la ‘IUPI’ está viciado. Sabemos que será cuesta arriba, pero también estamos explorando apelar en los tribunales. Estamos tranquilos, aunque nos sorprende esto, un castigo que creo que no se daba desde después de la huelga del ’81, cuando expulsaron a Tato Rivera Santana. Mientras tanto seguimos pa’ ‘alante’ con la lucha’, dijo a NotiCel García González, quien se enteró de la expulsión tras ser informado por su abogado Rafael E. Rodríguez Rivera.

El joven, quien produce proyectos audiovisuales con el colectivo Antena PR, no descartó regresar a Argentina para continuar sus estudios o buscar una alternativa más técnicamente especializada en el cine y la televisión, o, incluso, en animación digital.

En el caso de Cintrón Moya, la decisión tomada por la rectora contrastó con la recomendación de la Junta de Disciplina de desestimar los cargos. Guadalupe le añadió una probatoria de dos años adicionales a los dos años de la suspensión. El proceso disciplinario que culminó con esta decisión surgió a inicios de 2011, luego de una actividad de conmemoración del natalicio de Eugenio María de Hostos, en la que participaron cientos de personas, y que finalizó en una marcha por el recinto como parte de las manifestaciones en contra de la imposición de una cuota de $800 a todos los estudiantes.

La expulsión de García González y la suspensión de Cintrón Moya llegan en una semana en la que a Muñoz por poco le toca lidiar con una huelga indefinida del Sindicato de Trabajadores Unidos de la UPR, la cual estaba pautada para comenzar hoy, martes, y se hubiese extendido por todos los Recintos. No obstante, según informó el Consejo de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la UPR a Radio Huelga y otros medios independientes, el gremio llegó anoche a un acuerdo con el secretario del Trabajo, Miguel Romero, que evitaría la activación del voto de huelgapara hoy martes.

Se avisó que los empleados del Sindicato se reportarán a trabajar como de costumbre yhoy será un día normal en los once recintos del sistema UPR. No obstante, se anunció que se realizarán varias manifestaciones durante el día.

Esta semana también se preparan protestas en Río Piedras por la cuota de $600 impuesta por la administración universitaria a los estudiantes de una de las más prestigiosas escuelas públicas del País, la UHS, con varias convocatorias en las redes sociales.

Las polémicas han habitado en la UPR durante gran parte de su historia, pero se intensificaron en 2010, cuando se realizaron dos huelgas estudiantiles en contra de la cuota de $800 impuesta a los estudiantes por la administración que lideraba el ex presidente José Ramón De la Torre y la ex presidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera. Las mismas forman parte de una lucha estudiantil que se libra alrededor del mundo por políticas similares, desde Chile hasta Inglaterra.

Estas huelgas sacudieron los cimientos del ámbito universitario puertorriqueño, fueron cubiertas por medios de comunicaciones de alrededor del mundo y también reseñadas en un informe del Departamento de Justicia Federal, donde se regañó a la Policía de Puerto Rico por evidentes violaciones de derechos durante arrestos e incidentes con universitarios que practicaban desobediencia civil, en tiempos en el que el ex agente del FBI, José Figueroa Sancha, fungía como Superintendente.