El establecimiento Shannan’s Pub, que lleva 35 años de operación en distintas localidades, sometió una demanda federal por violación de derechos civiles contra el alcalde de Guaynabo, su hijo, y el Superintendente, por el supuesto patrón de hostigamiento que han establecido contra el local y sus clientes a raíz del asesinato de dos jóvenes voleibolistas hace poco más de un mes.

Según la demanda, tras el asesinato de Walter Andrés Quiles Rodríguez y Wilfredo Sevilla Alsina en las cercanías del local el 5 de septiembre, el alcalde Héctor O’Neill y la policía han establecido un patrón de patrullaje, de bloqueos en la carretera, y de indagaciones en los comercios aledaños con el propósito de afectar las operaciones del pub.

De hecho, el negocio indica que se han afectado las operaciones al punto que el flujo de unos 1,200 parroquianos por noche se ha reducido a una veintena por noche, provocando pérdidas de al menos $200,000 en un mes. Por esto, y por el valor de negocio que estas acciones supuestamente están poniendo en riesgo, la solicitud al tribunal es que a los demandados se le imponga el pago de daños reales y potenciales por unos $60.3 millones.

Los problemas de Shannan’s con los O’Neill comenzaron la misma madrugada del asesinato cuando Mike O’Neill Rosa, vástago del alcalde y también presidente de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), se apareció en el local y comenzó a culpar al pub de los asesinatos y a decir que iba a revocarle los permisos.

‘Desde ese momento, el alcalde de Guaynabo, su hijo, y la Policía Municipal de Guaynabo, en conjunto con la Policía de Puerto Rico, han comenzado y continúan una campaña intencional de hostigamiento y procesamiento selectivo contra Shannan’s Pub para prevenir o desanimar a los clientes con la única intención, maliciosa y sin sentido, de obligar el cierre de un negocio legalmente establecido’, argumentaron los abogados Rubén T. Nigaglioni y Keith Graffam.

Entre los actos oficiales, destacan 11 bloqueos en menos de 30 días durante horarios picos del fin de semana. En los bloqueos no se realizan exámenes de embriaguez y, los conductores que dicen que van para el pub, los oficiales le indican que está cerrado, aunque esté abierto.

Además, O’Neill, padre, los acusó públicamente de vender alcohol a menores, por lo cual incluyeron una reclamación por libelo.

El comercio, establecido en 1976, detalló que, al mudarse a Guaynabo, incurrió en gastos $3.2 millones en la compra de un terreno en la calle Acuarela, otros $3.9 millones en la construcción del local, $250,000 en una barrera contra el sonido, y un sistema de 48 cámaras de vigilancia de las cuales, de hecho, salieron las últimas imágenes de los jóvenes en vida la noche del asesinato, que todavía no ha sido esclarecido. Además, emplean a 58 personas y múltiples contratistas que, adelantaron, se quedarán sin fuente de ingresos si sigue el patrón de hostigamiento de las autoridades.