La incertidumbre continúa para los miles de pensionados y empleados públicos que se cuestionan cuáles serán las alternativas que acordarán el gobernador Luis Fortuño y la Legislatura en aras de solucionar el déficit que enfrentan los tres principales sistemas de retiro gubernamentales.

Pese a que Fortuño manifestó la semana pasada, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, que no tocaría los beneficios de las personas que ya están retiradas, los servidores públicos y pensionados ven con suspicacia sus expresiones. Dentro de esta situación, el Capítulo de Jubilados y Pensionados de la organización Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, le solicitó hoy al Gobierno que hagan públicas las medidas que se están evaluando y los resultados del estudio que realizó laComisión Especial para la Reforma de los Sistemas de Retiro, que creó el Gobernador.

Ante preguntas de NotiCel, Annette González, presidenta de SPU Concilio 95, señaló que luego de que la Comisión rindió un informe a Fortuño el pasado octubre, no han sabido nada sobre los hallazgos ni las opciones que están sobre la mesa. Añadió que a través de Brian Klopp , quién es economista laboral del American Federation of State, Country and Municipal Employees,presentaron varias recomendaciones a la Comisión.

González puntualizó que primero el Gobierno debe asegurarse de que los patronos cumplan con el pago de las remesas que deducen a los empleados, pero no envían a la ASR. De hecho, dijo que aunque recientemente se aumentó la aportación patronal, las dependencias gubernamentales siguen teniendo morosidad en el pago de las remesas.

Ante esto, González afirmó que luego de solucionado este problema, sí se requiere que los empleados aporten más, estarían dispuestos a evaluar la medida.

González también reclamó que se ajusten las aportaciones que hacen los empleados de acuerdo a su salario, pues destacó que actualmente existe ‘una balanza desproporcionada’ ya que los jueces, los alcaldes y los legisladores aportan igual a todos los servidores públicos, pero disfrutan de pensiones con mayor remuneración.

Por su parte la presidenta del Capítulo de Jubilados y Pensionados, Blanca Paniagua, indicó que ‘el Gobierno no debe aumentar las contribuciones para los empleados’. Y afirmó que si se insiste en tomar esta medida, como reveló a NotiCel el administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR), Héctor Mayol Kauffmann, se ‘deberá realizar una consulta con los empleados públicos a ser afectados’, dijo Paniagua.

Por otro lado, Paniagua catalogó como ‘injusto’ que se considere eliminar algunas leyes especiales que incluyen los bonos de medicamentos, navidad y verano, ya que para la mayoría de los pensionados ‘es un alivio que nos están dando’, considerando los altos costos médicos, y que gran parte de los retirados reciben de una pensión mínima.

Sobre este asunto tanto Fortuño como el portavoz de la Minoría en el Senado, José Luis Dalmau, aseguraron que el grupo acordó que no se van a tocar.

Mientras ambos políticos dejaron las puertas abiertas para que sean los futuros pensionados los que reciban la medicina amarga, González determinó ‘por qué tiene que ser el empleado el que se sacrifique, si la administración es la que ha estado obrando mal’. A su entender, los empleados han cumplido con el pago de sus aportaciones, pero en cambio se sigue ‘legislando sin pensar en el futuro de los pensionados’.

Sobre la movida de que haya ajustes en las pensiones de los pensionados futuros o el que se les incremente la edad que deben tener para poder retirarse, González opinó que ‘la soga corta siempre por el lado más fino’. De igual forma, reiteró González que ‘esa no es la solución, porque no están atacando el problema en su origen’.