El tiempo de gracia que se le concedió al fiscal especial independiente para investigar a la representante popular Carmen Yulín Cruz por supuesto aprovechamiento ilícito expiró ayer.

El FEI emitió un informe, pero la legisladora desconoce su contenido y afirmó que no le preocupa en lo absoluto.

‘Si la única consideración (de la pesquisa) fue que aflorara la verdad, yo sé que se va a reiterar lo que siempre he dicho: que los recursos de mi oficina se han utilizado de acuerdo a las órdenes administrativas y leyes vigentes’, destacó.

De cara a la elección de este domingo frente a su retadora Yaramari Torres, Cruz no prevé que la controversia la afecte en su deseo de revalidar a un tercer término como presidenta de la Organización de Mujeres Populares.

‘Espero prevalecer por tercera y última ocasión lo que me ha dicho la base. La base reconocen mi trabajo dentro de la Organización Mujeres Populares y reconocen mi trabajo de fiscalización del gobierno’, indicó Cruz.

En entrevista con NotiCel en Río Grande, Cruz recordó que públicamente la han apoyado el vicepresidente Héctor Ferrer, la vicepresidenta Brenda López de Arrarás y siete candidatas populares a igual número de alcaldías, así como la ex senadora Celeste Benítez.

Cruz afirmó que no ha discutido el asunto del FEI con el presidente y candidato a la gobernación del PPD, Alejandro García Padilla.

Cruz agradeció el apoyo que ha recibido de líderes del Partido Nuevo Progresista como los representantes José Aponte y Albita Rivera, así como del alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, y el ex secretario de Justicia, Antonio Sagardía. Todos han dicho que la pesquisa contra Cruz no tiene razón de ser.

‘Les agradezco que hayan tenido ese gesto de desprendimiento y quitarse los lentes del espectro político partidista para apoyarme’, destacó.

El panel del FEI había concedido 45 días adicionales al término de 90 días para que el fiscal asignado especial independiente decidiera si acusa o no a la legisladora popular.

El Departamento de Justicia hizo el referido al FEI señalando que la representante se aprovechó de su cargo al utilizar a su ex chofer para realizar transacciones bancarias de ella.

El ex chofer de Cruz, a quien identifican como Axel Aponte García, fue quien presentó la querella ante Justicia en agosto de 2010. La queja de éste fue que la legisladora lo usaba para sus asuntos personales en horas de trabajo.

Pero la representante indicó que el uso del vehículo y el chofer está regulado por una orden administrativa de la Cámara de Representantes y una opinión de la Oficina de Servicios Legislativos.

‘(Los vehículos oficiales) podrán ser usados para cualquier gestión oficial o personal del representante o de cualquier familiar cercano viviendo bajo el mismo techo, siempre y cuando sea el representante o el conductor oficial o autorizado quien guíe el vehículo oficial’, reza el inciso 2 del artículo XIV.

La legisladora opinó que el referido trata de que evitar que ella continúe su labor de fiscalización y su defensa a favor de la universidad pública, las comunidades de escasos recursos económicos y de la mujer.