El gobernador Luis Fortuño restó importancia al estudio que arrojó múltiples problemas de salud entre envejecientes ante la amenaza que representa el propuesto gasoducto que se extendería por 92 millas desde el sur hasta el norte de la Isla.

‘Lo primero es lo siguiente, el proyecto no se ha comenzado a construir. O sea, que la Procuradora de la Edad Avanzada (Rossana López) tiene su derecho a tener su opinión, expertos en el tema cuestionaron la información que ella podía dar’,expresó Fortuño sobre el estudio clínico que reveló que un 63% de la población de envejecientes en la ruta del gasoducto presenta depresión, ansiedad y otros trastornos mentales.

Aunque el gobierno y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se han negadoa presentar todo lo relacionado al gasoducto por alegada confidencialidad, el mandatario insistió en que es necesario que la información del proyecto sea pública.

‘Lo que estamos buscando es que la comunidad completa tenga un costo de energía más barato, un ambiente más limpio y saludable y que se haga de forma segura. Para ello, tiene que haber información pública. Foros como éste, son foros necesarios para que la información pública pueda fluir’, sostuvo sobreuna actividad sobre el gasoducto celebrada ayer en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, en que la exclusivamente participaron colegiados y contratistas del proyecto.

Además, Fortuño responsabilizó a los opositores del gasoducto por las inquietudes que se han levantado desde diversos sectores de la sociedad. Esto, a pesar del respaldo reciente que han manifestado organizaciones civiles en los Estados Unidos.

‘Hay gente que puede estar asustada con la información que está allá fuera que algunos grupos han estado llevando. Nuestro deseo es que la información llegue a todo el mundo. Algunas de las alternativas que yo he leído en los periódicos son alternativas que se trajeron internamente, se calculó el tiempo y el costo del mismo y no haría sentido, pero por eso tiene que haber ese diálogo continuo’, manifestó el mandatario a pesar de que las comunidades precisamente han reclamado la poca transparencia y la falta de diálogo.

Desde finales del pasado año, el Cuerpo de Ingenieros evalúa la solicitud de permiso del controvertible proyecto. Tanto el Servicio de Pesca y Vida Silvestre como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) han manifestado sus reservas sobre el gasoducto en repetidas ocasiones.

Mientras, la AEE ha emitido bonos, realizado subastas de materiales, otorgado contratos sin pericia primaria en gasoductos e invertido más de $27 millones sin acceso público a los detalles.