El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) presuntamente inició una investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por la Autoridad de los Puertos en el proceso de contratación de la empresa Rapiscan Systems sin haber celebrado una subasta, informó el vicepresidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer.

El representante popular presentó además una enmienda efectuada al polémico contrato que le permitirá cobrar a la empresa de Andrés Guillemard -quien es cuñado del comisionado residente Pedro Pierluisi- por adelantado medio millón de dólares sin necesidad de que haya inspeccionado los furgones.

Entre las irregularidades cometidas es que se firmó primero el contrato con Rapiscan y luego se preparó el reglamento de cómo se deben realizar las operaciones y ‘todavía están trabajando con el reglamento un año después’.

‘La información que tenemos es que sí, que (en el FBI) ya comenzaron la investigación, pero yo no soy testigo. Yo tengo una información y la refiero y esta información se la vamos a enviar también’, destacó Ferrer sobre la tercera enmienda al contrato.

De acuerdo con el documento, la Autoridad de los Puertos gestionará un préstamo o línea de crédito por un millón de dólares para poder garantizarle a Rapiscan el cobro adelantado de medio millón de dólares mensuales para sus operaciones, aunque no inspeccione los furgones.

‘Esta enmienda garantiza que la empresa cobrará el 100% de la inspección de furgones que entren sin importar si la compañía inspeccionó o no el furgón. Inclusive, dice que comienza este pago desde el 30 de abril y la propia Autoridad de Puertos ha dicho en días pasados que esto empieza en septiembre’, indicó Ferrer.

‘Aquí se adjudicó un contrato al postor más alto, hay unas alegaciones de unas personas que estuvieron en la negociación que establecen que estaba todo cuadrado para entregar y adjudicar este contrato y que luego que adjudican el contrato entonces es que comienzan a trabajar con el reglamento y han ido cambiando el contrato según se han dado cuenta de asuntos que no podían hacer para beneficiar a Rapiscan y asegurarle que va a cobrar la cantidad de los 20 0 21 millones por los que fueron contratados sus servicios’, sostuvo.

Ferrer hizo énfasis en que la enmienda al contrato se realizó un día después que él ofreciera su primera conferencia de prensa denunciando el asunto.

La nueva denuncia de Ferrer se produce un día antes que venza una orden de 10 días expedida por el Tribunal Federal que le prohibió a la Autoridad de los Puertos inspeccionar furgones.

El 28 de marzo, la jueza federal Aida Delgado Colón prohibió a la Autoridad de los Puertos comenzar la inspección mandatoria de furgones que pretendían implantar mediante la compañía Rapiscan ante una solicitud de interdicto que sometió la compañía naviera Crowley.