Las expresiones del Tribunal Supremo como parte de la sentencia sobre la aplicación de la Ley 54 a parejas adúlteras, aunque no sientan precedente, dejan esa legislación ‘coja’ y atentan contra la protección de miles de mujeres porque denota una falta de compromiso con la protección de las víctimas de violencia doméstica.

Así opino la profesora Esther Vicente, una de las abogadas que trabajó en la redacción y aprobación de la Ley 54 en 1989 y que hoy plantea su preocupación porque las expresiones sobre cómo la ley no debe aplicar a parejas adulterinas puede afectar a víctimas en todo tipo de relación en la medida en que fiscales, policías, y jueces dejen de respaldar el estatuto.

Contrario a lo que expresó el juez asociado Erick Kolthoff, la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana planteó que la ley no está hecha para proteger la unidad familiar.

‘(La ley) lo primero que plantea es sacar a la parte agresora del seno de la familia, el primer remedio es el arresto, el segundo es la orden de desalojo, hay que proteger a la pareja que sufre la violencia’, indicó para luego enfatizar que ‘ese núcleo familiar ya no existe, ha sido destruido por esa violencia’.

‘El tribunal está tomando una medida, que en el 1989 adoptó la Asamblea Legislativa y que ha sido modelo para toda América Latina y España, y la está interpretando de forma sumamente conservadora, la está dejando coja, es un retroceso’, declaró.

Detrás de la postura de que la ley no aplica a parejas en relaciones adulterinas está el deseo de ‘imponer unos valores tradicionales sobre lo que es una forma de relacionarse como pareja, y deja descubiertas a miles de mujeres’.