El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Miguel Romero, en un aparte con NotiCel durante el Día de Logros del Taller de Fotoperiodismo, no pudo precisar cuántos empleos proyectan crearse a consecuencia de la nueva Reforma Contributiva ni tampoco la cifra total que la administración de Luis Fortuño ha podido conseguir en su primer cuatrienio.

Romero sólo pudo exponer que durante la primera fase de la Reforma Contributiva fueron creados 10,400 empleos entre agosto a diciembre de 2010. Igualmente, planteó que alrededor de 25,000 empleos se han desarrollado en el sector privado.

De otro lado, sobre el déficit que enfrentan los tres sistemas de retiro gubernamentales principales que los tienen al bordo de un colpaso, y las propuestas para solucionarlo que sometió el pasado octubre la Comisión para la Reforma de los Sistemas de Retiro del Gobierno, la cuál preside, Romero informó que entre las próximas dos semanas o principios de abril se sabrá cuáles Fortuño acogerá.

Romero explicó que desde que la Comisión rindió su informe, han mantenido comunicación con la Legislatura y otras dependencias gubernamentales. No obstante, fue enfático en que todo está a la espera del presupuesto del gobierno central.

La alternativa que Romero más favorece es el aumento en la aportación patronal, que podría ser de un por ciento anual hasta un máximo de entre 10 a 15 años. A pesar de esto, expuso que ‘la base de este computo porcentual dependerá de la situación presupuestaria del gobierno central’.

Por otra parte, Romero ponderó una gestión agresiva en el cobro a los patronos morosos, que le han retenido las remesas a sus empleados, pero no las remiten a la Administración de los Sistemas de Retiro del Gobierno y la Judicatura (ASR), debiéndole millones de dólares.

Sin embargo, Romero señaló que no es partidario de que se eliminen las leyes especiales, que equivaldrían a una reducción de beneficios a los pensionados y participantes, pero estuvo de acuerdo con que se establezcan topes a las pensiones futuras.

Sobre las recientes denuncias por parte de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), de que se pretende vender la cartera de préstamos hipotecarios a la banca comercial, Romero declaró no tener información al respecto. No obstante, indicó que a su juicio se debería aumentar los tiempos de renovación y reducir los topes de los préstamos.

Finalmente, Romero avaló evitar ‘las transacciones futuras que pongan una responsabilidad fiscal en el sistema, como las tres emisiones de bono por 3,000 millones que se ha cuestionado su legalidad’.

Estas emisiones fueron gestionadas por UBS Financial Services de Puerto Rico, firma que hace más de un año es objeto de una investigación por que se plantea un conflicto de intereses debido a que, a la vez que asesoraron a la ASR para que realizara las emisiones, mercadearon los bonos entre sus clientes.