"Las joyas y objetos valiosos siguen siendo moneda de pago, de chantaje, soborno y lavado de dinero. Es como tener efectivo debajo del colchón o en una lata de galletas", asegura el licenciado García San Inocencio.

Preguntarle la hora a un político incumbente puede ser peligroso en Puerto Rico, también en Perú. Un “rolaxo” destellante puede convertir al impertinente que pregunta en un encubridor en potencia, si es que guarda silencio a pesar de que las mangas eran largas y el reloj no era visible a simple vista. Si estaban juntos en una caminata, y la camisa era de manga corta, entonces la esfera reluciente la vieron decenas o centenares de personas.

Pero, ¿quién va a saber que es un Rolex?. O, habiéndolo visto en un templo en Toa Alta, ¿quién iría a saber en Cataño, que era real y no una imitación de fantasía?

O, vaya usted a saber si como los de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien alega que los que lucía eran prestados, estos en efecto, también lo eran. En el caso de la vicepresidenta y ahora presidenta peruana, una organización no gubernamental examinó 10,000 fotografías para determinar que no era uno, sino varios relojes de lujo ---como los lucía el Cano de Cataño--- peor aún, que no eran tan prestados pues en el allanamiento a su vivienda encontraron los Certificados de Autenticidad para cada reloj.

De seguro, esto ya no volverá a pasar en Puerto Rico. Las joyitas y los rolex se quedarán en el joyero, o en la caja fuerte. Basta con un Cano vestido de anaranjado y en la cárcel. Pero el problema sigue, pues las joyas y objetos valiosos siguen siendo moneda de pago, de chantaje, soborno y lavado de dinero. Es como tener efectivo debajo del colchón o en una lata de galletas.

Trátese de los lingotes del senador estadounidense Bob Menéndez, muy conocido en la casa de playa del gobernador ---seré justo y aclararé, Acevedo Vilá--- , o de los autos nuevos y antiguos de políticos europeos y del mundo nuevo; o de ejemplares cuadrúpedos de los de la hípica y el fino paso; símbolos de riqueza y auténticamente pagos e impagables para nosotros los mortales ordinarios, lo cierto es que, si no se trafican favores en dinero contante y sonante, se hace con joyas u otros artículos de valor, o mediante promesas de negocios futuros, contratos de servicios en agradecimiento, o, intercambio de favores.

Para esto último, los favores, son de particular auxilio algunos empleados de confianza, comisarios políticos en las agencias, municipios y corporaciones públicas, aquellos que meten la mano en el fuego por lealtad, no importa la indiscreción o la felonía que deban cometer. Están en todos los rincones de la burocracia, son un ejército perfectamente estructurado y sirven a más de un propósito ---no todos, porque ciertamente los hay honrados--- pero están estratégicamente colocados. Le ponen freno a lo que no conviene y acelerador a lo que beneficia al favorecido. Trabajan para el gobierno, pero no para el pueblo. Pertenecen a un supra-gobierno que suele estar por encima de la ley y los reglamentos. Cuando esto no es suficiente, grúas mayores gestionan cambios en el ordenamiento. Esto se llama la democracia del mercado, la de la corruptela de los mejores postores y tiene podridos a muchos gobiernos, incluso el de Puerto Rico desde hace años.

Cuando esta maquinaria y círculo vicioso se ha perfeccionado, la ley del más fuerte económicamente es la que gobierna. El pez grande se come al pez pequeño en una cadena casi infinita donde sale perdiendo siempre el Bien Común, los menos poderosos y los más desposeídos. Pensar, que todo esto puede representarse con la esfera de un reloj de lujo. Lo que es difícil de calcular y abarcar es el costo inmediato y acumulativo de la corruptela, y de la mayor parte de aquella que está “legalizada”, o que queda sepultada en las ruedas mohosas de un andamiaje diseñado para que quien la hace, casi nunca la pague.

El “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”

El “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, fue la segunda ley firmada por el gobernador, hoy en fuga, Ricardo Rosselló en el 2018 y contiene disposiciones lo suficientemente precisas para que el Secretario de Justicia recupere mediante acciones civiles, el triple del daño económico causado al erario, por la conducta de una persona natural o jurídica que haya incurrido en acciones negligentes, culposas o ilícitas , a manera de indemnización.

(Artículo 5.2 Reclamación del Estado). Para hacerlo tiene un máximo de quince años. Tristemente se ha dejado llevar por ese largo término y no se ha actuado hasta la fecha con prontitud.

Si bien este Código autoriza expresamente al Secretario de Justicia a iniciar las acciones para reclamar el triple daño en casos de convicción, también lo hace para casos donde no hubiere acusación o donde una acusación no hubiere prosperado, en este caso mediante preponderancia de la prueba.

Me pregunto y estoy seguro que el amigo lector también, ¿Cuántas reclamaciones ha iniciado el Secretario de Justicia actual o los anteriores, desde el 4 de enero del 2018? ¿Contra quiénes? ¿Por cuáles sumas? ¿Cuánto ha recuperado, embargado o le ha sido satisfecho al gobierno de Puerto Rico, para cada una de las categorías enumeradas por la ley? ¿Está al día el registro de personas naturales y jurídicas convictas por corrupción? ¿Cómo se explica que haya convictos del registro previo y del actual ---su registro sucesor--- que sigan contratando? ¿Qué acciones penales, civiles o administrativas se están llevando, o se han llevado contra funcionarios que hayan contratado o permitido contratar, o que no hayan sido diligentes en registrar el nombre de las personas convictas o que hayan incurrido en conducta culposa o negligente de las cubiertas por la ley?

Cabría preguntarse también si desde los tiempos de Wanda Vázquez en el Departamento de Justicia ---la hoy exgobernadora acusada en el tribunal federal--- se mantuvo el Registro anterior al día, y las acciones presentadas, o lo que haya resultado de estas en términos de restricción contractual o de recuperación y resarcimientos.

Son muchos los recovecos y los cabos sin atar que flotan en la nébula gubernativa, y al país no se le informa de esto. Lo último que vimos hace unos meses fue un Informe de la Contralor que revelaba un desorden en el Departamento de Justicia. Lo triste es que el dinero vuela y si no se toma acción a tiempo, se hace difícil recuperar lo perdido, menos aún, el triple que ahora autoriza la ley.

He estado sacando cuenta de algunos casos prominentes ---únicamente de tipo penal--- y sumo y multiplico e involucran millones de dólares. Hace falta ese dinero urgentemente, mejor que se pongan las pilas los que tienen una obligación que cumplir para rescatarlos.

Auxilio de la sociedad civil

En EE.UU. se permite a ciudadanos privados tomar parte activa en la denuncia y participar en la recuperación de fondos públicos por prácticas ilícitas de personas naturales y jurídicas contra el gobierno federal y en contra de algunas jurisdicciones estatales.

Allí, se legitima activamente la participación ciudadana y se les premia por lo que se recupera. El gobernador Pierluisi debiera aclarar por qué no favorece la adopción de mecanismos similares en Puerto Rico, que serían una consecuencia lógica del Código Anticorrupción del 2018, aún con los rotos y defectos que tiene ese Código.

La acción Qui Tam, abreviatura de un largo latinazgo, permite demandar a nombre del gobierno. Este recurso, una acción del pueblo, está permitido en la ley federal sobre Reclamaciones Falsas o fraudulentas, frente a quienes hayan cometido fraude contra el gobierno federal y permite compensar al demandante con hasta un 30%. Este mecanismo puede ser particularmente útil cuando los instrumentos fiscalizadores del gobierno se tornan ineficientes, ciegos o inertes.

El “qui tam pro domino rege quam pro se ipso in hac parte sequitur” puede ser un extraordinario instrumento para disuadir a los tramposos contra el gobierno local, si una ley a esos fines se aprueba. El peso de la prueba, en la cancha pública, lo tiene dado el clima rampante de corrupción gubernamental, quien se oponga o vete esta medida.

Desde hace años en escritos académicos, en mis cursos sobre corrupción, y en un estudio especializado, he explicado la necesidad de estos mecanismos y de otros, ante lo difícil que resulta que el gobierno se active para recuperar las pérdidas compensables penal o civilmente provocadas por funcionarios y personas naturales y jurídicas.

Lo único que explica la resistencia para aprobar e instaurar estos mecanismos es la probable existencia de muchos amigos del alma, merodeadores y buitres de la contratadera gubernamental e inversionistas políticos. Es probable que la nómina abultada de contratistas privados e incluso miles de empleados confianzudos, no se sentirían tan atraídos por esos puestos de confianza, si pudiesen tener que responder donde les duele, con dinero, por alguna cosa que autoricen que resulte ilícita.

Es posible que de repente muchas subastas que se cancelan, u otras donde el postor favorecido no es el mejor, o, que se otorgan al postor inferior para luego inflarlas con cambios de órdenes, comenzarían a desaparecer. Quizás las nóminas de confianza de fantasmales en la agencia, pero muy activos “en el field”, si coincide con eventos políticos, comenzaría a desinflarse.

Esa corrupta inflación que inflama las coyunturas del cuerpo político podría reducirse, así como los costos inflados, las fugas de dinero, las oclusiones ventajeras, la lentitud burocrática, y toda esa madeja de malas mañas y delitos, que se interconecta en las galerías de la cueva de Alí Babá y los veinte ladrones PNP y los otros veinte ladrones PPD. Somos conservadores en el estimado.

Volvamos, sin embargo, al tema de la hora, al tema del rolaxo, de los Rolex, Patek, Phillipe y otras reconocidas marcas; volvamos la mirada sin embargo al gigantesco engranaje montado sobre la máquina del gobierno para servir a los inversionistas de capital y políticos que descaradamente se unen para seguir succionando los recursos que tanta falta hacen al Pueblo. Miremos sus multibillonarias exenciones; sus descarados y persecutorios PACs, su cultivo y ordeño del miedo; su despampanante y obscena fijación en las ganancias sin límites, y preguntémosle la hora.

Porque la hora de acabar con estos abusos de la corrupción, otra hora, está cerca ---en noviembre--- y el Pueblo con sus votos no dejará pasar esta oportunidad.