El Proyecto de la Cámara Núm. 1557, de aprobarse en el Senado como está redactado, legalizaría la anarquía prevaleciente en el segmento de alquileres independientes a corto plazo, aumentando los desafíos éticos, fiscales, ambientales, turísticos, y de seguridad, así como el desplazamiento en las comunidades residenciales.
Desde 2015, el crecimiento exponencial del segmento de alquileres independientes a corto plazo (AICP), ha alterado significativamente el mercado de alojamientos vacacionales en Puerto Rico. Si bien ha proporcionado alternativas nuevas de hospedaje para los viajeros y creado oportunidades de ingresos adicionales para algunas familias, su incursión desmedida en áreas residenciales ha reducido la disponibilidad de vivienda asequible, impactado negativamente la seguridad y la calidad de vida en las comunidades, y el encarecimiento de los servicios esenciales. Esta situación se ha exacerbado por la aplicación selectiva de las leyes y reglamentos existentes en relación con los comercios de AICP, comúnmente conocidos como los «Airbnb».
Además, la fiscalización selectiva de estos comercios ha creado un ambiente empresarial desequilibrado en el mercado de alojamientos turísticos. Aunque el ordenamiento legal vigente es aplicable a toda actividad comercial, independientemente de su tamaño y localización, este no se aplica uniformemente a los negocios de AICP; causando el incumplimiento generalizado de las normas existentes, evasión de impuestos y contribuciones, problemas de salubridad y seguridad, y la creación de cientos de «hoteles fantasmas». Estos son casas o edificios convertidos en AICP de tres o más habitaciones, sin los permisos y endosos gubernamentales correspondientes.
Por otro lado, las plataformas digitales y anfitriones profesionales abogan, mediante comunicados engañosos, por una operación sin reglamentación para los AICP. Argumentan que estos alquileres representan una oportunidad de emprendimiento y generación de ingresos complementarios para algunos individuos y familias desventajadas. Sin embargo, en Puerto Rico, el 88% de los AICP son administrados por empresas de gestión de propiedades y consolidadores comerciales que operan decenas e incluso cientos de unidades durante todo el año.
A nivel global, la reglamentación de los AICP varía según las necesidades y características de cada región o ciudad. En su gran mayoría, los clasifican como «alquiler vacacional» y los licencian, mientras que otros los prohíben. Usualmente, se establecen requisitos que incluyen identificar al propietario registral de la propiedad, obtener licencias obligatorias, y pagar impuestos sobre la actividad comercial y el alquiler. Algunos requieren la presencia del propietario durante la estancia.
En el contexto puertorriqueño, el Proyecto de la Cámara Núm. 1557 (PC-1557), de aprobarse como está, legalizaría el desorden vigente en los AICP, sin atender explícitamente su naturaleza comercial y las necesidades de las comunidades donde se encuentran. Por lo tanto, es crucial que se reconozcan como una actividad comercial, tal como lo han definido la Oficina General de Permisos de PR, el Servicio de Rentas Internas y múltiples tribunales en Estados Unidos, y aplicarles equitativamente el ordenamiento legal existente.
La falta de fiscalización en el mercado de los AICP también plantea preocupaciones éticas y fiscales. A pesar de generar ingresos millonarios, sobre el 80% de los operadores no están registrados, ni contribuyen a mantener la infraestructura común y los servicios públicos utilizados para sus negocios. En 2023, los AICP tuvieron ventas por más de $800 millones, y evadieron del fisco alrededor de $120 millones, incluyendo $29 millones en impuesto de habitación.
En conclusión, el PC-1557, en su contenido actual, es contrario a los mejores intereses del pueblo puertorriqueño. Puerto Rico necesita una legislación responsable que reconozca a los AICP como una actividad comercial, y asegure que los operadores de AICP cumplen con las leyes, reglamentos, y ordenanzas municipales correspondientes. Esto permitirá proteger los intereses de todas las partes involucradas, mientras garantiza un desarrollo sostenible del sector turístico y del segmento de alquileres a corto plazo.
* El autor es un líder reconocido en el sector turístico, y expresidente de la Asociación de Paradores.
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