Columna del abogado Jaime Sanabria Montañez.

Una de las sensaciones de fidelidad más incorruptible, en el ser humano, la provoca el pasado, por su condición de inamovible. Sin embargo, y tomando, como ejemplo, la propia naturaleza, todo acaba por subsumirse en otros estratos novedosos. Incluso, los efectos del asteroide que impactó la Península de Yucatán, y que acabó con la vida de una mayoría de las especies de entonces, son invisibles a los ojos y, solo aplicando el bisturí de la ciencia, resulta posible detectarlos.

Los actos personales, en particular los delictivos, conlleven o no pena de cárcel, son uno de esos tatuajes que permanecen indelebles, solo que con el tiempo, y una vez satisfecha la condena, debiesen pasar a ese mismo plano de lo invisible que el meteorito más popular de la historia de la tierra. En esa línea de sedimentación del pasado, la Legislatura de Puerto Rico acaba de aprobar una medida derivada de un Proyecto del Senado elaborado por la madre de mis hijos, Joanne Rodríguez Veve, y por el Hon. José “Chaco” Vargas Vidot que establece, en síntesis, que el patrono, cualquiera, no podrá establecer, poner en vigor o usar procedimientos, métodos o prácticas discriminatorias de empleo contra personas/trabajadores por razón de sus antecedentes penales.

La ley, que ahora descansa en la mesa del gobernador Pierluisi, para su firma y entrada en vigor, recoge también, entre otras disposiciones, una prohibición contra el discrimen al reclutar, promocionar, ascender o desempeñar tareas acordes a la valía profesional de cualquier trabajador, sin que prevalezca reminiscencia alguna de su pasado judicial. Se trata, pues, de juzgar a los empleados por lo que son y no por lo que han sido, por lo que hacen y no por lo que han hecho. El sistema penitenciario se define como redentor, como reparador, como reintegrador, y no como justiciero en sí mismo; en consecuencia, el paso por una cárcel no debiese estigmatizar de por vida a alguien, y menos en lo que concierne a lo laboral.

Incluye la misma medida, también en lo alusivo a lo penitenciario, la liberación de reclusos con enfermedades terminales en unas determinadas condiciones de diagnóstico y duración. Y es que debe primar la humanidad en los últimos momentos de vida, y sin duda esta medida contribuye a ello.

Regresando al ecosistema laboral, cabe señalar que el fenómeno de la “Gran Renuncia” sigue mostrando su dentadura y decenas de millones de individuos han decidido abdicar –y lo continúan haciendo– de lo que ellos consideraban trabajos esclavistas, para poder disfrutar de su tiempo, de ese tiempo cuya plenitud siempre parece breve. En esencia, el vivir para trabajar ha derivado en el trabajar para vivir, con el consiguiente conflicto para completar la oferta laboral en aras de satisfacer las múltiples exigencias que un mundo hipercapitalista ha diseñado para que sus ocupantes satisfagan el bienestar y caudal creciente al que aspiran.

El movimiento emergió al hilo de la pandemia y se extendió con la voracidad de transmisión de los grandes incendios, en una primera etapa, por los Estados Unidos de América, para después exportarse a Europa. Tampoco Puerto Rico permaneció al margen de la deserción laboral, y si a ello unimos la despoblación de la isla fruto de una migración acelerada por una gobernanza en exceso sujeta a las leyes federales norteamericanas y un menosprecio a la gestión política propia, desde dentro hacia adentro, obtenemos un panorama desolador en lo que atañe cubrir la oferta laboral puertorriqueña.

De lo anterior, se desprende que se debe pensar fuera de la caja a la hora de ampliar los grupos colectivos potencialmente contratables, que resultan necesarios para demoler viejas estructuras de inserción profesional, para abastecer ocios y negocios, que la falta de materia prima humana puede agravar, ante el obstáculo insalvable de la falta de recursos humanos. Ese cúmulo de factores podría destruir, todavía más, a la ya depauperada economía de una isla endeudada y controlada por Washington.

Un colectivo susceptible de atención es el de las personas de edad avanzada. Propiciar la contratación, a tiempo completo o si se quiere parcial, de retirados o pensionados, a los que la inflación y las sucesivas crisis que no nos abandonan han incrementado su precariedad al percibir pensiones que, en no pocos casos, les impiden llegar a fin de mes. Existe un vivero de puertorriqueños de edad avanzada todavía, con buena salud y lúcidos de mente, que podrían abastecer determinados puestos.

Otro de los colectivos susceptibles de ser incorporados al mercado laboral son los estudiantes y, en este mismo núcleo, los estudiantes extranjeros, en su mayoría desentendidos de él por razones intrínsecas a la propia naturaleza académica de esa fase de sus existencias. Pero su participación en la oferta de empleo, estimulada con medidas federales y locales que pudieran resultarles apetecibles, mejoraría ese escenario de fragilidad contractual de nuestro Puerto Rico.

Se requeriría, para estas reinserciones, modificar algunas normativas federales y estatales, pero si algo caracteriza a las leyes es su maleabilidad, su adecuación a los tiempos, y los tiempos, como sermoneaba Bob Dylan, están cambiando porque siempre están haciéndolo. Lo que en un momento de la historia parece descabellado por su transgresión acaba por convertirse en hábito. El primer bikini despertó un alud de reproches en una mayoría de la sociedad, el primer sostén despertó parecidos enconos, el primer vehículo de gasolina no suscitó fervor recién creado, el primer ordenador, Internet, los celulares, el Metaverso … casi todo cuenta con una resistencia inicial porque rompe el confort conductual de unos individuos siempre perezosos a la aceptación de cambios no solicitados.

En esta tesitura, resulta imprescindible abordar reformas legislativas estructurales de contratación para poder acoger a este segmento de la población al que previamente habría que concienciar de que el vigor que les concede la edad puede duplicar sus frentes de actuación y contribuir, a la par que al mejoramiento de sus economías estudiantiles, de ordinario precarias, al resurgimiento de esta nuestra isla que languidece estacionada en la vía muerta de lo convencional, de ese goteo poblacional que busca alguna hebra dorada en horizontes extraños, cuando el potencial de los nuestros es imbatible.

Volviendo a los reos, no resultaría descabellado continuar promoviendo el trabajo remunerado en los centros penitenciarios a determinada población reclusa, trabajos manufactureros, tecnológicos, call centers o mecánicos que no requieran desplazamientos – por lógica poco recomendables-, pero que aportarían un plus en determinadas actividades susceptibles de mecanización o de reiteración procesal. Mucho se ha hablado en las barras de los bares y mesas de chinchorros, sobre la conveniencia de que los presos deberían trabajar, pero solo como argumento demagógico y populista. Sin embargo, el asunto podría traspasar esos terrenos de lo irreflexivo y ser estudiado por los legisladores en persecución de dotarlo de consistencia operativa y normativa.

Resulta imprescindible, para mirar de cara a cara al progreso, atraer el talento, pero para obtener el favor de quien lo posee, en esta era de la eclosión del trabajo en remoto, además, se requiere de imaginación y estímulos tecnológicos, fiscales y productivos, y eso no se consigue solo con iniciativa privada porque requiere de la implicación de la administración, del Gobierno en definitiva, para implementar una serie de medidas que nos vuelvan competitivos como destino de empresas globales e individuos.

Y aunque algunos legisladores parecen comprometidos con esa visión de la reconstrucción de un mercado laboral, todavía existe demasiado óxido que nos atenaza como territorio ávido por resurgir de una languidez que ha impulsado a casi medio millón de boricuas a abandonar una de las islas más bellas del planeta en las últimas dos décadas. Y ante esa realidad censal incontestable, solo cabe innovar, transgredir, atreverse.