Columna del presidente de la UTIER, Ángel R. Figueroa Jaramillo.

Con el mismo silencio y la secretividad que caracterizó la negociación de la Alianza Público Privada (APP) que nos ha impuesto el desastre operacional y la onerosa carga económica, expresada en el alza en las tarifas, en el mal servicio, los continuos apagones y los inmorales sueldos, cargos y reembolsos a LUMA Energy, se negocia hoy la entrega a los intereses privados de las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La experiencia nos dice que tantas veces como el Gobierno apele a las negociaciones confidenciales, sobre todo aquellas que conduce con el denominado sector privado de la economía, el resultado final que se obtiene resulta en un atraco al bolsillo del pueblo, la entrega gratuita de los bienes que forman parte del patrimonio social y la vía para el enriquecimiento de los privilegiados con los leoninos contratos que se suscriben.

Más allá del contrato de LUMA, lo podemos ver en la negociación del Aeropuerto, el servicio de transporte marítimo a Vieques y Culebra y la privatización de las autopistas, por sólo mencionar algunos en todos con aumentos al bolsillo de pueblo y el desplazamiento de los empresarios locales.

La poca información a la que hemos tenido acceso sobre la negociación que, silenciosamente se lleva a cabo para privatizar las plantas generatrices, nos indica que el Gobierno no tiene ni la intención, ni la capacidad, para corregir sus errores y enmendar sus graves faltas. Es más, su reiterada mala práctica de negociar en beneficio de los empresarios privados y en contra de los mejores intereses del pueblo puertorriqueño, permite afirmar sin lugar a equívocos, que esa es precisamente lo que constituye su política pública.

En un momento en que el costo por kilovatio hora es aumentado en cada oportunidad que LUMA encuentra para requerirlo y ante otra alza en las tarifas, por efecto de la legalización de la jueza Taylor Swain imponiendo su Plan de Ajuste para el pago de la deuda pública, la APP que ahora se negocia para la privatización de las plantas generatrices tiene las mismas características que la negociación de LUMA.

El sector privado no invertirá un solo centavo, se pagarán y se reembolsarán todos los gastos administrativos, la supervisión será ninguna, como al presente, y los contratos se extenderán a conveniencia del privatizador ajustados a la fecha en que las plantas agoten su vida útil.

Así veremos la realidad de un cuarto aumento aumento en el costo de las facturas a los consumidores sin el que la Junta de Control Fiscal acordó para pagar la deuda de 4.5 centavos Khr, una nueva escalada de salarios para los nuevos administradores, el empeoramiento de los servicios y una accidentada ruta a la necesaria transformación hacia el uso de fuentes de energía renovable. También tendremos que enfrentar los inevitables choques entre empresarios cuyo único y fundamental objetivo nunca será brindar un servicio de excelencia al menor costo sino obtener el mayor beneficio económico para sus bolsillos.

Ante esta realidad la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) ha rechazado la privatización de la generación de electricidad que hoy realiza la AEE y el proceso que está llevando a cabo la Autoridad para las Alianzas Público Privadas con este propósito.

El tiempo ha validado nuestras denuncias, aumentos, falta de transparencia y procesos cuestionables que le cuesta al bolsillo del pueblo. Denunciamos, enérgicamente, la falta de transparencia y participación ciudadana en el proceso que lleva a cabo el Gobierno de Puerto Rico para entregar este servicio esencial a manos privadas.

De igual manera exigimos a la Asamblea Legislativa que tome las medidas necesarias para rechazar y detener este nuevo intento de privatizar la AEE, asegurando que las plantas generatrices se mantengan en manos públicas y asegurando se cuente con los recursos para su conservación y mantenimiento en las mejores condiciones hasta tanto se logre la meta de cumplir con la enunciada política pública de la transformación a un 100% de producción de la energía eléctrica con fuentes de energía renovable.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández mediante su representación en el Comité de APP, la Lcda. Liza Ortiz y el presidente del Senado, José Luis Dalmau y su representante, Lcdo. Eduardo Ferrer que pertenece al mismo comité tienen la facultad y la responsabilidad de detener otro desastre y que le siga costando dinero al pueblo de Puerto Rico.

No hay justificación política y económica que durante el proceso de transición hacia fuentes de energía renovables se tenga que pagar millones de dólares a operadores privados para realizar lo que hoy hacemos sin tener que aumentar el costo al pueblo de Puerto Rico. El pueblo está atento y alerta porque ya está cansado de más de lo mismo. El momento de demostrar a quien representan es ahora.