El presidente de la UTIER advierte sobre la posición del candidato del PNP, Pedro Pierluisi, sobre el contrato de LUMA

En la medida en que se van conociendo los detalles del contrato que redactó el cuerpo legal de LUMA Energy, junto a los abogados de la Junta de Control Fiscal y que han firmado con el Gobierno de Puerto Rico y en la misma medida que van desarrollándose las acciones de empoderamiento del ente privatizador, va creciendo el rechazo de amplios sectores dentro y fuera de la corporación pública al hacerse conscientes de lo nefasto que resulta ser para la AEE, sus empleados en todos los niveles y para el pueblo de Puerto Rico.

Es importante destacar que el Bufete de abogados Oneill & Borges, que es el Bufete de la Junta de Control Fiscal para quien trabajó el director de las APP Lcdo. Fermín Fontánez y el candidato, Lcdo. Pedro Pierluisi, fueron los asesores de este acuerdo.

Ante el despojo de sus espacios de trabajo, ante la incertidumbre sobre la permanencia en el empleo y el reconocimiento pleno del robo descarado de $40 millones por parte de los ejecutivos de LUMA en menos de tres meses, los empleados de la AEE no han tenido otra alternativa que echarse a la calle a denunciar el atropello del que han resultado ser víctimas y reconocer cuánta razón le asiste a la UTIER en su análisis y denuncia de este robo a mano legal que pretende el consorcio extranjero.

Al día de hoy, no hay ninguna persona seria o entidad que se respete a sí misma, que haya examinado con detenimiento y buen juicio el mencionado acuerdo, y no lo considere como contrario a los mejores intereses del pueblo puertorriqueño.

Un ejemplo más que evidente lo es el análisis realizado por el Institute for Energy, Economic and Financial Analysis (https://www.ieefa.org/ieefa-acuerdo-de-luma-energy-allana-camino-para-que-los-reguladores-de-puerto-rico-repitan-errores-pasados) organización de gran prestigio y peritaje en los EEUU y del Centro para la Nueva Economía. Los puntos en que también levantan bandera sobre LUMA son, en gran medida, coincidentes con los planteamientos que hemos venido señalando desde un principio y las opiniones legales realizadas por nuestros abogados que hemos hecho públicas para el beneficio de nuestro pueblo. (https://www.utier.net)

Este acuerdo solo tiene un objetivo muy claro y definido: Apropiarse de las ganancias que puedan generar los $10,000 millones que asignó el gobierno federal a la AEE. El consorcio LUMA Energy no tiene otro interés. Así ha quedado demostrado con sus primeras gestiones, todas encaminadas a burlar la responsabilidad que tienen con los trabajadores, los convenios colectivos y el Sistema de Retiro de los Empleados. Además del aumento evidente al costo de energía para poder cubrir el déficit que conlleva el pago de más de 125 millones anuales a Luma.

El contrato del Gobierno de Puerto Rico con Luma Energy le permite solicitar de forma directa a la Comisión de Energía revisión en las tarifas y hasta enmendar el Plan Integrado de Recursos que no es otra cosa que la política energética de nuestro país. Se desprende de los análisis realizados que esto atrasaría la verdadera transformación del futuro energético ya que Luma Energy y sus matrices solamente le interesa crear negocios y propuestas en el sistema de transmisión y distribución principalmente para poder facturar de los 10 mil millones federales que serán asignados.

Es importante destacar que las premisas de aquellos que defendieron el proceso de privatización de la AEE fueron una mentira más. Luma Energy será un monopolio privado, Luma Energy no invertirá nada de su capital, solo usarán los fondos federales asignados, y encima de eso, le tendremos que pagar más de 125 millones anuales y por último que la privatización bajaría la factura y en el plan de transición de Luma Energy tiene previsto solicitar una revisión de tarifa a los 186 días de la firma del contrato.

El cinismo que ha caracterizado a los altos funcionarios de la corporación pública en la discusión de los asuntos verdaderamente importantes de este mal acuerdo ha llegado al máximo cuando, al ser confrontados con las más que evidentes cláusulas que dejan desprovista de protección a la AEE, apelan a los costos que conllevaría cancelarlo para sostener su equivocada política. Además del cinismo envuelto en esta argumentación, los acompaña la contradicción de intentar desconocer los acuerdos negociados con sus empleados. El espíritu de José Ortiz todavía ronda entre esta capa de funcionarios.

Contrario a éstos, cinco de los seis candidatos a la gobernación de Puerto Rico han señalado públicamente la urgencia y necesidad de ponerle punto final a este contrato. Alexandra Lúgaro, Juan Dalmau, Eliezer Molina, César Vázquez y Carlos Delgado Altieri, han expresado su rechazo al acuerdo con Luma Energy y su compromiso de salir electo cancelar el contrato.

Solo el exabogado de la Junta de Control Fiscal, Lcdo. Pedro Pierluisi, ha mantenido su posición de velar por que se cumplan algunas disposiciones de las leyes aplicable al acuerdo, pero no de cancelarlo, aún con toda la evidencia acumulada que demuestra no favorecer los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Sí, velar, como se dice: "el cabro velando las lechugas" sí PP.

Hay que resaltar que las expresiones de Charlie Delgado Altieri sobre su intención de poner en manos privadas la generación del país son iguales a la de la actual administración.

Siempre hemos señalado que la AEE necesita una transformación total que la coloque en posición de brindar un suministro de energía apropiado al precio más bajo posible. Una transformación que nos conduzca hacia la utilización de los recursos renovables y la superación de la dependencia en los combustibles fósiles y sus efectos nocivos sobre la salud y el ambiente.

LUMA Energy no es el camino más adecuado para alcanzar esta meta.