El líder sindical Ángel Figueroa Jaramillo advierte le toca a la gobernadora detener la intención de la Junta Control Fiscal de privatizar las emisoras públicas.

La Junta de Control Fiscal insiste en su arbitraria decisión de vender a intereses privados las estaciones de radio y televisión pertenecientes a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR).

Nada justifica la venta de este valioso instrumento de comunicación del pueblo de Puerto Rico, a excepción de la absurda política del organismo federal de vender hasta el alma del ser puertorriqueño para privilegiar a sus amigos bonistas.

El incalculable valor de WIPR no puede medirse con el mismo criterio con el cual se miden las demás radioemisoras o televisoras comerciales que existen en el país. Tampoco es justo hacerlo por las condiciones precarias en las que operan en este momento y que el propio Gobierno ha causado. Si en algún lugar puede evidenciarse la política que ha seguido el gobierno de Puerto Rico, para desvalorizar sus activos antes de ponerlos a la venta, es en WIPR.

Con el azote de los huracanes Irma y María las facilidades físicas de las estaciones sufrieron serios daños que requieren de una considerable inversión para restablecer las mismas. Esa inversión necesaria no se ha hecho. Los empleados de WIPR, esos que tanto ha maltratado la opinión pública dirigida desde los sectores interesados en su venta, han hecho maravillas para mantenerla funcionando y prestándole sus valiosos servicios al país.

Con el abandono físico, también ha estado presente el recorte de asignaciones presupuestarias. Se evidencia así la estrategia de preparar los activos para su venta a precio de pescado podrido a los amigos del alma.

El valor real de WIPR tenemos que verlo en su historial de aportación cultural y educativa, en su actividad como centro de expresión de nuestros más connotados artistas y en su capacidad para desarrollar su potencial como instrumento de educación y formación de la ciudadanía.

Es claro que no está en la agenda del organismo dictatorial federal el desarrollo y fortalecimiento de nuestra cultura, que le importa muy poco la expresión creativa de nuestros talentos artísticos y mucho menos la formación y fortalecimiento de una conciencia puertorriqueñista.

Para este grupo de extranjeros, por nacimiento o identificación, nada que no huela a dinero tiene valor. Sobre todo, dinero que satisfaga la ambición de sus amigotes del sector financiero que ellos privilegian.

Es importante precisar que la aportación que pueda hacer la venta de WIPR al pago de la deuda pública, así como la asignación presupuestaria que anualmente se hace a la misma,  tiene menor impacto que una gota de agua en el mar del endeudamiento del país.

La gobernadora y los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico se han expresado en su determinación de no cumplir con el mandato de la Junta. Consideramos que este es el momento para ir más allá de las expresiones. Cámara y Senado deben hacer las asignaciones económicas que son urgentemente necesarias para poner nuevamente a WIPR sobre sus pies.

Es muy probable que la Junta anule tales asignaciones con el deliberado propósito de estrangular aún más a WIPR, y forzar así el cumplimiento de su capricho.

Tocará el turno a la gobernadora de llevar sus palabras a la acción y pasar sobre el organismo federal. No quisiéramos pensar que, como tantas otras veces, veremos rendirse al gobierno local ante los designios de la dictadura impuesta por el Congreso de los Estados Unidos.