El presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo urge al Negociado de Energía a aplique la reglamentación federal y de Puerto Rico, y desautorice la contratación de generadores «costosos e innecesarios».

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) ha denunciado consistentemente la postura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y de su Director Ejecutivo, Ing. José Ortiz, de intentar cerrar la planta de Costa Sur con el propósito de dilapidar millones de dólares en contratos de arrendamiento y construcción.

Los conocedores del tema ya han advertido que a la luz de los daños que sufrió Costa Sur como consecuencia de los terremotos del mes de enero puede repararse la unidad #5 en 12 semanas y la Unidad #6 en treinta días adicionales. Esto, le añadiría al sistema aproximadamente 820 megavatios a un costo aproximado de $30 millones.

Hasta este momento se han perdido casi cuatro meses en alegados estudios e inacción por parte el cuerpo ejecutivo de la AEE.

Es indispensable que se comience de forma real dicha reparación lo antes posible para que Costa Sur pueda entrar en línea para los momentos de demanda alta que se anticipan para este verano.

Si llegase el verano sin la generación adecuada por falta de producción de Costa Sur, el país podría sufrir el impacto de apagones selectivos que deteriorarían aún más la ya maltrecha economía y la calidad de vida de todos los puertorriqueños.

Utilizando la crisis creada por el Ing. José Ortiz y un grupo de “asesores empresariales” pretenden construir un negocio billonario y muy lucrativo con el arrendamiento unos generadores portátiles, que para colmo funcionan a base de combustibles fósiles, para que suplementen la demanda de energía eléctrica de la AEE.

Esto nos costará unos 70 millones de dólares mensuales hasta un monto de 1,026 millones de dólares. A esta cifra hay que sumarle el costo de combustible fósil, en este caso el diésel, el más costoso para la generación de energía.

Es decir, que con lo que José Ortiz quiere malgastar en un solo mes por el alquiler en generadores de combustibles fósiles, se arreglaría dos veces la Central de Costa Sur.

Además, las unidades de Costa Sur son una de las más limpias y económicas de la flota de la AEE, por lo que la generación a base de estos generadores sería mucho más dañina al ambiente y costosa, obligando a un aumento adicional o ante la baja de combustible, no reflejando una reducción mayor en la tarifa por ajuste de combustible.

El malgasto que propone José Ortiz para el alquiler de generadores portátiles es ridículo y exagerado y agravará las finanzas de la AEE si FEMA finalmente decide no reembolsar los costos, lo que obligaría a aumentar la factura para poder solventar este gasto innecesario.

Es totalmente contradictorio que se pretenda utilizar recursos económicos que no son necesarios para el beneficio de contratistas mientras el Ing. José Ortiz se niega a cumplir con la aportación ordinaria correspondiente al Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE y pagar la deuda acumulada por la aportación patronal que suman a más 400 millones de dólares.

Es importante destacar que la AEE está obligada legalmente cumplir con el pago de la aportación patronal por el acuerdo de fideicomiso de 1974 (Trust Agreement).

Podríamos pensar que ningún empresario sale beneficiado con el pago al Retiro, y por eso el Ing. José Ortiz no cumple.

Como parte del proceso, la AEE recurrió al Negociado de Energía de Puerto Rico para obtener autorización y poder realizar la contratación de los Generadores portátiles, pero no ofreció explicaciones razonables para justificar sus acciones y costos.

La UTIER una vez mas no dudó en proceder judicialmente en contra de la AEE cuando los intereses del Pueblo de Puerto Rico y sus trabajadores están en juego por las acciones irresponsables de su alta gerencia.

Por esa razón, la UTIER se ha unido a una serie de organizaciones ambientalistas bona fide para intervenir en el procedimiento EPR-AP-2020-0001 ante el Negociado de Energía de Puerto Rico para cuestionar la determinación que autorizo el propio Negociado el pasado mes de marzo para la contratación de los generadores portátiles, agravando aún más el bolsillo del Pueblo de Puerto Rico.

La intervención se presentó el pasado 25 de marzo y busca que el Negociado reconsidere y anule la autorización para la contratación de los generadores que se impuso con numerosas condiciones y que la AEE ya está incumpliendo. Entre estas violaciones está el negar acceso público a la información sobre la contratación, costos y márgenes de ganancia de las empresas que se beneficiarán por la contratación.

Costa Sur es indispensable y se puede reparar a corto plazo y a un costo razonable. Reparar Costa Sur permitirá que la AEE mantenga la factura de energía sin aumentos por razón de ajuste por compra de combustible y que realmente comience una transición ordenada hacia fuentes de energía renovables en manos del propio pueblo.

Por tanto, es indispensable que el Negociado de Energía aplique la reglamentación federal y de Puerto Rico, y desautorice la contratación de estos generadores costosos e innecesarios.