La OAT inició investigación de la expresidenta de la CEE después de que el Departamento de Justicia anunciara referido al FEI.

La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) comenzó una investigación sobre la jueza superior Jessika D. Padilla Rivera por la investigación criminal que enfrenta tras actuaciones suyas como presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), pero no la relevó de continuar atendiendo su sala.

El Departamento de Justicia (DJ) anunció el lunes que recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar la posible comisión de delito por parte de Padilla Rivera al autorizar el pago de un bono a varios empleados de la CEE, incuyendo ella misma, en violación a leyes y sin autorización del gobierno central o la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Tras terminar sus funciones en la CEE en abril del año pasado, después de que la gobernadora Jenniffer González Colón dijera que no tenía intención de retenerla, Padilla Rivera fue asignada a atender la sala superior 201 A de Toa Alta en la región judicial de Bayamón.

“Se instruyó a la Oficina de Asuntos Legales de la OAT a iniciar la investigación administrativa correspondiente. La OAT tomará las medidas que estime necesarias conforme al desarrollo de los procesos”, indicó la oficina de Prensa del Poder Judicial tras el anuncio de Justicia.

El nombramiento de la jueza, resultado de la designación de Ricardo Rosselló Nevares en la gobernación y del voto afirmativo del Senado presidido por Thomas Rivera Schatz, vence en 2035.

La investigación preliminar que Justicia sometió al panel del FEI concluyó que la jueza puedo haber incurrido en malversación de fondos públicos y en violaciones a la Ley de Ética Gubernamental al aprobar los pagos a 65 empleados. El más alto de los pagos correspondió al de ella con $9,304.20. Al aprobarlos, se les calificó como un “pago único no recurrente”.

Los 65 pagos sumaron $174,105.20 y no hay indicación de que alguno de los recipientes lo haya devuelto. Ya la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tomó la determinación de retener ese dinero del presupuesto actual de la CEE, por lo que, hasta ahora, constituye un déficit en el presupuesto de la agencia. Padilla Rivera no ha emitido expresiones sobre su autorización de este pago.

Durante el 2025, el trámite fue objeto de varios referidos. Tanto la OGP como el sucesor de Padilla Rivera, el también juez Jorge Rivera Rueda, los hicieron, así como los hizo también la Oficina del Inspector General (OIG). El único informe disponible es el de esta última dependencia, que aclaró que había hecho la pesquisa en conjunto con la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Según un resumen ejecutivo de la OIG, Padilla Rivera “autorizó dicho pago y se benefició de un bono, sin contar con la aprobación de la (Junta)”. “Además, se determinó de forma discrecional las cuantías otorgadas, sin que exista evidencia de aplicar criterios objetivos o documentados”, indicó.

“Se encontró que pudo haber una posible modificación de las hojas de asistencia para justificar un desembolso a la entonces presidenta de la CEE, que ascendió a $9,304.20”, resaltó también. El pago menor fueron $610, según la OIG.

Los recipientes de los pagos incluyen a la ayudante de Padilla Rivera y a empleados de las oficinas de los comisionados electorales de los partidos Nuevo Progresista (PNP), Popular Democrático (PPD) e Independentista Puertorriqueño (PIP). Sin embargo, los comisionados dijeron al diario El Nuevo Día que no autorizaron los pagos ni recibieron información de los mismos cuando la solicitaron a la presidencia de la comisión.

Lo próximo en el proceso criminal es que el panel del FEI indique si va a asignar a un fiscal para ampliar la investigación del DJ. La pesquisa en la OAT discurre aparte y puede llegar hasta la presentación de una querella ética y separación del cargo.

Vea el informe de la OIG: