Jomarys Ainniz Agosto Cuevas, presuntamente, facturó servicios que nunca ofreció a estudiantes bajo el Programa de Educación Especial.

La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que la División de Delitos Económicos de la agencia logró una determinación de causa para juicio contra la patóloga del habla Jomarys Ainniz Agosto Cuevas.

La imputada está acusada de liderar un esquema de fraude mediante el cual certificó y facturó terapias de habla que nunca ofreció a estudiantes bajo el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación (DE). 

El caso fue presentado por la fiscal auxiliar Teresita del Rosario Morales Arteaga, de la Fiscalía de San Juan.

En la investigación trabajaron la agente Nilda M. Couvertier Lasen del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía, y el auditor Luis Torres González, de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, quien realizó una auditoría que sirvió de base para la radicación de cargos. 

Según la investigación, Agosto Cuevas, quien trabajaba para la compañía Piko Therapy, un proveedor autorizado del DE, facturó indebidamente 125 terapias las cuales no fueron ofrecidas entre agosto del 2023 y enero de 2025, lo que resultó en un desembolso ilegal de $7,100 en fondos públicos. 

La pesquisa además reveló que Agosto Cuevas utilizó indebidamente la información de maestros de la Escuela Especializada Víctor Parés Collazo en San Juan para generar certificaciones falsas en la plataforma digital Mi Portal Especial. Estas acciones no solo defraudaron al erario, también pusieron en riesgo la salud, integridad y desarrollo de menores con diversidad funcional entre tres y 21 años de edad.

Posteriormente, la imputada intentó persuadir a los padres y encargados de los menores para que no declararan en su contra, lo que también constituye delito. 

El juez Jimmy Ed Sepúlveda Lavergne, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para juicio por un total de 135 cargos criminales.

Entre estos está fraude, cinco cargos por violación al delito de Apropiación Ilegal Agravada, 30 cargos por alteración y uso de datos personales en archivos, 30 cargos por falsedad ideológica, 30 cargos por archivo de datos falsos, y 30 por posesión y traspaso de documentos falsificados.

Además, enfrenta cinco cargos por impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos y cuatro cargos de maltrato de menores. 

La imputada renunció a la vista preliminar tras un acuerdo con el Ministerio Público. La lectura de acusación y el juicio están pautados para el 6 de octubre en el Tribunal de San Juan.