Aunque durante el fin de semana fue hallado culpable en uno de los casos que se siguen en su contra, por 23 cargos por presentación de documentos falsos y 5 por fraude electrónico, el exalcalde Abel Nazario expresó que la fiscalía no logró probar que se cometió delito alguno.

Asimismo Nazario insiste en su inocencia, y que aunque va a renunciar a su escaño como senador, no se va a retirar de la candidatura como senador independiente.

«El proceso no ha terminado. Ese es el derecho», dijo al periodista Julio Rivera Saniel en entrevista con Radio Isla 1320 AM esta mañana.

«Si algo tengo en tranquilidad es que puedo salir a la calle con el mismo entusiasmo, con el mismo cariño de la gente», expresó.

Nazario continúa libre bajo fianza y en espera de que concluya el segundo juicio en su contra por soborno a programas federales tras crear una plantilla de empleados fantasmas que beneficiarían su campaña al Senado. Estos, a su vez, ayudarían a las campañas de otros aspirantes al Senado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) para que luego de ser electos, esos mismos políticos lo apoyaran en su aspiración de ser presidente de ese cuerpo legislativo.

En ese momento, los arrestados junto a Nazario fueron identificados como Edwin Torres Gutierrez, ayudante especial del senador; Claribel Rodríguez Canchani, Directora de Recursos Humanos del municipio; Humberto Pagán Sánchez, Kelvin Ortiz Vegarra, Ramón Martes Negrón, Juan Rosario Núñez, y Eric Rondón Rodríguez, todos empelados irregulares del municipio bajo la administración de Nazario.

De acuerdo con el pliego acusatorio, todo comenzó con una auditoría de la Oficina de la Contralora, quien halló irregularidades relacionadas con empleados fantasmas.

Durante los años 2014 al 2016, los acusados conspiraron y acordaron para obtener bajo fraude o intencionalmente mal manejar propiedad valorada en más de $5,000 que estaba bajo la custodia del municipio de Yauco en violación al Título 18, secciones 371 y 666(a)(1)(A) del Código de Estados Unidos.

Nazario se expone a una pena de hasta 30 años de prisión, y una multa de hasta $1,000.000. La sentencia está programada para el 20 de julio de 2020.