Un tribunal federal de EEUU declaró hoy ‘ilegal’ la recogida de datos telefónicos de millones de ciudadanos llevada a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), porque excede lo autorizado por el Congreso en la llamada Ley Patriota, aprobada tras los atentados terroristas del 11S.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, falló contra ese polémico programa de espionaje de la NSA en respuesta a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Un panel de tres jueces debía considerar, a partir de esa demanda, la constitucionalidad del programa de recolección masiva de datos telefónicos, amparado en la llamada Sección 215 de la Ley Patriota.

Pero los magistrados no entraron a valorar la constitucionalidad y en el fallo, escrito por el juez Gerard E. Lynch, dictaminaron simplemente que la recopilación de millones de datos telefónicos ‘excede el ámbito de lo que el Congreso autorizó’ al aprobar la Ley Patriota.

Si el Congreso quiere ‘autorizar un programa de tan largo alcance y sin precedentes, tiene todas las oportunidades para hacerlo, y de forma inequívoca’, sostienen los jueces en el fallo.

De hecho, la Sección 215 de la Ley Patriota, aprobada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, expira a finales de junio próximo y los congresistas deben evaluar si la prolongan, amplían o la suspenden.

Varios legisladores, entre ellos el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se han mostrado partidarios a reautorizar esa Sección 215 sin cambios.

Los programas de espionaje masivo de la NSA en EEUU y en el extranjero salieron a la luz en 2013 a raíz de las revelaciones de Edward Snowden, excontratista de esa agencia de inteligencia.

Las revelaciones de Snowden sacaron a la luz que Estados Unidos espió las comunicaciones personales de algunos líderes considerados ‘amigos’ de Washington, entre ellos la canciller alemana, Angela Merkel.

En enero de 2014, el presidente de EEUU, Barack Obama, ordenó poner fin al espionaje a mandatarios de países aliados, pero aclaró, no obstante, que los servicios de inteligencia seguirán recopilando información sobre los Gobiernos extranjeros para conocer sus intenciones.

Poco después, Obama presentó formalmente un plan para que los datos telefónicos de millones de ciudadanos recopilados por la NSA dejen de estar en manos del Gobierno y permanezcan bajo el control de las compañías telefónicas por un periodo máximo de 18 meses.

Bajo el plan de Obama, la NSA únicamente podría acceder a esos datos en circunstancias específicas, siempre tras haber obtenido autorización del tribunal secreto creado por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) y cuando haya una sospecha razonable de que el número telefónico está conectado a un terrorista.