La Asamblea Nacional Popular (ANP), máximo órgano legislativo de China, inicia hoy una semana de reuniones en las que se debatirá el fin de los campos de reeducación y la relajación de la controvertida política del hijo único.

La sesión de la ANP, que se celebra con carácter bimensual, finaliza el sábado, día 28 de diciembre, fecha en la que se podría anunciar la aprobación de estas decisivas reformas sociales, aunque también es posible que el Legislativo chino posponga la votación final para el más mediático plenario de marzo de 2014.

Máximos responsables de la Comisión de Planificación Familiar y de Salud de China, con rango de ministerio, prometieron recientemente que la relajación de la política del hijo único entraría en vigor a principios del próximo año, por lo que al menos esta decisión podría tomarse ya en la actual reunión.

Éstas y otras reformas fueron prometidas el pasado 15 de noviembre por el Partido Comunista de China tras su plenario anual, y dado el control que la formación política ejerce sobre la ANP, no se esperan grandes sorpresas en el debate de esta semana.

La política del hijo único, iniciada a finales de los 70 y principios de los 80 para frenar la superpoblación de China, se reformará permitiendo tener dos hijos, si uno de los cónyuges no tiene hermanos (hasta ahora esta condición tenía que cumplirse tanto en el caso de la madre como del padre).

Con esta medida los expertos calculan que podrían nacer dos millones de bebés más al año en el país (actualmente son unos siete millones).

En cuanto a los campos de reeducación chinos (‘laojiao’ en mandarín), éstos han sido repetidamente criticados por la comunidad internacional pues suelen utilizarse en condenas extrajudiciales e imponen trabajos forzados prohibidos por las convenciones de las Naciones Unidas.

Pese a las promesas de abolición, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional se han mostrado cautas, ya que temen que el Gobierno chino sólo cambie la apariencia de estos campos y mantenga los castigos sin sentencia judicial o los trabajos forzados contra disidentes o activistas sociales.