Santiago de Chile – A traves de una millonaria cuenta bancaria, la DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet, financió en 1975 operaciones de la Junta Militar y de otros organismos de Estado y pagó a medios de prensa en Chile, según documentos a los que Efe ha tenido acceso.

La cuenta se abrió en nombre de una ficticia ‘Dirección Nacional de Rehabilitación’ (DINAR) y su titular era el entonces coronel Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), actualmente condenado a más de 300 años de prisión por violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con los datos del caso y cheques con la firma de Contreras incluidos en un informe de la Corte Suprema anexo al expediente del juicio por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, la DINA hizo también numerosos pagos a los principales diarios, revistas y agencias de noticias de la época.

Destacan los pagos de altas sumas de dinero a distintos regimientos y otras reparticiones del Ejército, incluidas la comandancia en jefe y la Fábrica de Armas y Materiales del Ejército (Famae) y al Banco Central.

Todos los documentos llevan la rúbrica de Contreras y confirman, según dijeron hoy a Efe dirigentes de organizaciones defensoras de derechos humanos, echan por tierra lo sostenido hasta hoy por las Fuerzas Armadas, de que jamás se relacionaron institucionalmente con la policía secreta y que sus crímenes fueron sólo hechos aislados, cometidos por individuos escapados de los mandos.

Las elevadas sumas de dinero giradas desde esa cuenta bancaria a diversos organismos del Estado demuestran que el plan de exterminio de opositores que existió en Chile ‘fue una acción de carácter institucional del Estado chileno’, según Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

‘Esto configura un plano de complicidad generalizado que permitió que ocurriera en Chile lo que ocurrió’, dijo a Efe la dirigente, a cuyo juicio, si esos medios de prensa que aparecen en los documentos ‘recibieron pagos de la DINA, no iban a informar los crímenes que se estaban cometiendo’.

‘Con esto, ahora sabemos que el brazo de la DINA fue mucho más largo de lo que creímos y que la represión fue una acción de carácter institucional del Estado chileno’, insistió.

En tanto, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), subrayó que esta información ‘confirma que en Chile existió un Terrorismo de Estado’.

‘Esto nos demuestra que la DINA no sólo pagó a sus agentes, sino que financió a todo el estado, incluidos los medios de comunicación, que por eso mismo mintieron sobre estos crímenes. El terrorismo fue de carácter institucional en Chile’.

La cuenta de ‘DINAR’ tenía el número 13280724 y pertenecía al Banco de Crédito e Inversiones, que en esa época tenía otros propietarios, de ‘Plaza Baquedano-Alameda y Vicuña Mackenna-Santiago’, a corta distancia del cuartel general de la DINA.

Contreras giró contra esa cuenta el año 1975 la suma de 1.598.496.520 escudos cuando el ‘sueldo vital’ (mínimo) en Chile era de 27 mil escudos.

Ese mismo año el escudo fue reemplazado por el peso, con una equivalencia de mil escudos por peso y un tipo de cambio oficial de 39 pesos por dólar.

Los giros incluyen doce cheques cobrados desde esa cuenta por ‘Junta de Gobierno’, por un total de 165.630.800 escudos.

Mireya García y Alicia Lira coincidieron en que cabe preguntarse con qué fin distintos estamentos estatales y del Ejército y los medios de comunicación, cobraron cheques girados por el jefe de DINA desde la referida cuenta bancaria.

Desde esta misma cuenta, el Banco Central, que en esa época no era un organismo autónomo como en la actualidad, aparece cobrando tres documentos por un total de 1.269.085.328 escudos.

El informe de la Corte Suprema no explicita los motivos de los pagos hechos por la DINA a través de estos cheques.

Varios de agentes de la DINA figuran también cobrando cheques emitidos por ‘DINAR’, entre ellos el brigadier Marcelo Moren Brito, exjefe del centro de tortura y exterminio ‘Villa Grimaldi’.

También figuran Christoph Willikie Flöl, que fue jefe del Departamento Exterior de la DINA, Eduardo Iturriaga Neumann, jefe de la Brigada Lautaro, Juan Morales Salgado y Pedro Espinoza Bravo, ambos exjefes de la DINA y todos ellos en prisión, condenados por violaciones a los derechos humanos.

Aparecen, asimismo, el coronel retirado y exalcalde del municipio santiaguino de Providencia Cristián Labeé Galilea, el exoficial de la Fuerza Aérea Carlos Ottone Mestre, el actual asesor internacional del Instituto Geográfico Militar Pablo Gran López, y el exjefe de la Brigada Electrónica de la DINA, Vianel Valdivieso Cervantes.