El informe reveló pagos indebidos ascendentes a $8,049 realizados a un contratista por servicios ofrecidos luego de agotarse los fondos del contrato, entre otras irregularidades.

Una auditoría realizada a la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico arrojó tres hallazgos significativos y dos comentarios especiales relacionados a la contratación de servicios profesionales, el manejo de propiedad pública y la gobernanza interna de la Junta.

La auditoría fue realizada por la contralora Carmen Vega Fournier y cubre el periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de mayo de 2025.

El informe reveló pagos indebidos ascendentes a $8,049 realizados a un contratista por servicios ofrecidos luego de agotarse los fondos del contrato, así como deficiencias en la preintervención de facturas que incluyen omisiones de datos requeridos, ausencia de informes de servicios y certificaciones emitidas sin firmas autorizadas. También se detectó el pago de $293 en exceso por concepto de comisión publicitaria más allá del límite permitido.

Los auditores también identificaron que la Junta otorgó un contrato por $348,333 y una enmienda por $140,000 a una corporación foránea que no estaba registrada en el Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales al momento de contratarse. Esto incumple las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

En el área de propiedad, la auditoría señaló la ausencia de un inventario físico al momento del nombramiento de la encargada de la propiedad en 2022, así como discrepancias significativas entre los registros internos de la Junta y la información del Departamento de Hacienda. En total, 1,199 unidades por $2.6 millones no estaban registradas en Hacienda, mientras 894 unidades por $4.1 millones eliminadas internamente permanecían sin actualizar en el sistema oficial.

Como parte de los comentarios especiales, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) alertó que, a pesar de que la Junta contaba con asignaciones de fondos de FEMA y CDBG-DR y reclamaciones a las aseguradoras por $28.6 millones, no habían comenzado los trabajos de reconstrucción de la antigua sede de la Administración de los Sistemas de Retiro al 8 de diciembre de 2025. Además, el Comité de Auditoría Interna de la Junta no celebró reuniones desde su creación en junio de 2022 hasta mayo de 2025, incumpliendo los requisitos de la Carta Circular 2022‑002.

“Estas deficiencias identificadas en la auditoría debilitan los procesos administrativos y aumentan el riesgo de irregularidades. Exhortamos a todos los funcionarios a mantener controles internos estrictos, formalizar adecuadamente sus contratos y asegurarse del uso responsable de los fondos públicos”, indicó la contralora.