Montevideo – Los crímenes cometidos por dos enfermeros que asesinaron al menos a 15 pacientes en hospitales de Montevideo ha desatado una ola de sospechas y desconfianza general en el sistema de salud uruguayo sobre el que recaen ahora centenares de denuncias por sucesos similares.

Familiares de posibles víctimas de los enfermeros y otros usuarios que en los últimos años albergaron sospechas sobre la muerte de sus allegados mientras se encontraban en el hospital y que nunca encontraron respuesta a sus preguntas, comenzaron hoy a reunirse y a recopilar sus denuncias, que suman más de 500, para llevarlas ante la Justicia.

Mientras la atención del Gobierno se centra precisamente en controlar los daños causados a las instituciones sanitarias y en asegurar que lo sucedido fue tan solo un hecho aislado, los usuarios organizados en el Movimiento Salud para Todos piden una investigación exhaustiva de lo sucedido.

Especialmente, piden que se preste atención a los centenares de casos que existen en el país en los que se apunta a los médicos como responsables o cómplices en la muerte de pacientes.

‘A partir de acontecimientos muy duros, se generó esta situación en la población, que tiene dudas legítimas sobre muertes ocurridas en instituciones públicas y privadas de todo el país. Lo estamos recogiendo y lo llevaremos a la Justicia, para que tenga elementos de estudio y análisis y vea lo que sucede en la salud’, dijo a Efe Rubén Bouvier, presidente de la organización.

El responsable de la organización recordó que si bien el caso ‘explotó ahora’, la historia subyacente es ‘muy anterior’.

‘Las autoridades ministeriales dicen que con nuestra actitud de alguna manera dinamitamos los puentes de la confianza, y nosotros decimos que los puentes ya estaban dinamitados y la confianza ya no era la que debería ser. Se construyó la desconfianza y ahora a partir de esto tenemos que construirla de nuevo, pero va a ser muy difícil’, afirmó el activista.

Como dijo a Efe José Ignacio Segovia, nieto de Soledad Lantes, una de las primeras víctimas reconocidas de los dos enfermeros procesados, la confianza en todo el sistema sanitario ‘está totalmente rota’ y reconoció que ésta va a vivir una situación ‘complicada’.

‘Me encantaría saber que investigan y están todos con los ojos puestos en los procedimientos, pero me gustaría saber donde estaban antes. A lo mejor estaban cómodos en su casa, mientras esto pasaba’, indicó.

Segovia consideró que nunca pensó que algo así pudiera pasar, ya que cuando va a un hospital ‘va confiando, uno entra a estar en contacto con gente que va a curarte, a cuidarte. Vas a confiar en la gente que te están tratando’ y que por eso nunca pensó que nada raro había ocurrido con su abuela pese a la falta de consistencia de los informes médicos que recibió.

Por su parte, Américo Holmberg, cuya madre murió en circunstancias sospechosas en 2010 tras haber sido atendida en el hospital Maciel (público) y de la Asociación Española (privado), donde trabajaban los dos enfermeros asesinos, reconoció que ‘faltan controles y transparencia’ en todo el sistema, que funciona de espaldas al ciudadano, ‘puede que en beneficio económico de algunos’.

Holmberg señaló que su madre murió tras una operación que era ‘innecesaria’ según descubrió más tarde, y que se realizó en una mutualista privada a cargo de dinero público sin que nunca le informaran qué médicos autorizaron ni la intervención ni el uso de una clínica de pago.

‘No es casualidad que haya tantas cosas raras, y quiero que se informe. Todo es muy turbio. Así se opera mucha gente, y hay muchos implicados’, dijo.

Aún así, Holmberg pidió ‘no desconfiar de todos los médicos, enfermeros y hospitales’ porque sino ‘nos volvemos locos’, si bien reclamó ‘investigar todo e ir caso a caso. Algo engorroso pero hay que hacerlo’.

Mientras tanto la Justicia como la administradora de la salud pública uruguaya (ASSE) y la Asociación Española prosiguieron con sus investigaciones internas para aclarar lo sucedido y los posibles errores que impidieron alertar sobre estas actividades criminales de los enfermeros.

La Justicia uruguaya procesó el pasado domingo al enfermero Ariel Acevedo, de 46 años, por diez casos de ‘homicidio especialmente agravado’ y al también enfermero Marcelo Pereira, de 39 años, por cinco casos similares, sucedidos cuando atendían a pacientes de las unidades de cuidados intensivos.