La Asociación de Psicología de Puerto Rico señaló que es crucial orientar a los padres y cuidadores sobre cómo las fluctuaciones de seguidores o ‘likes’ puede afectar la autoimagen del menor. 

Diversas instituciones públicas y privadas, entre ellas el Departamento de la Familia, el Departamento de Educación y la Administración de Servicios de Salud Mental, así como entidades privadas vinculadas al desarrollo y bienestar de menores, manifestaron su respaldo al proyecto de ley que busca establecer la “Ley para la Protección Económica de Menores que realizan contenido digital monetizado”. La iniciativa pretende salvaguardar los derechos financieros de los menores inmersos en la economía digital.

El Proyecto del Senado 973, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, estipula la obligatoriedad de reservar parte de los ingresos obtenidos en un fondo a favor de los menores que aparezcan de manera sustancial en contenido digital monetizado. Además, contempla la definición de conceptos, mecanismos de fiscalización y remedios legales para proteger a los menores.

Zoimé Álvarez, presidenta de la Asociación de Bancos, mostró deferencia a la decisión legislativa, aunque advirtió que la creación de fideicomisos para proteger los ingresos de menores podría ser costosa, debido a los honorarios legales y administrativos asociados, además de la preparación y presentación de declaraciones informativas ante el Departamento de Hacienda y el IRS. Álvarez subrayó la necesidad de invertir los fondos del fideicomiso, lo que requiere directrices claras sobre los instrumentos financieros permitidos y la posible compensación adicional para los fiduciarios.

Por otro lado, el proyecto menciona la figura de una “cuenta protegida” como alternativa de depósito, aunque este término aún no está definido en la propuesta. La ejecutiva indicó que “las entidades bancarias consideran viable diseñar productos adecuados siempre que su función se limite a la de banco depositario”. En esa línea, se discutieron modelos de cuentas protegidas inspirados en casos de artistas infantiles como Macaulay Culkin, y mecanismos tipo ‘escrow’.

El proyecto establece que el 30% del ingreso bruto debe ser reservado si el menor aparece en la mayoría del contenido, asegurando una protección económica concreta.

En la audiencia, ante la Comisión de Gobierno presidida por el senador Ángel Toledo López, también participó la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Aunque la agencia no endosó el proyecto en su forma actual  por considerar que “impone obligaciones fuera de su marco jurisdiccional y legal”, el licenciado José Carrasquillo expresó disposición para colaborar técnicamente con la Asamblea Legislativa para explorar alternativas que protejan a los menores, sin ampliar indebidamente sus competencias regulatorias.

Asimismo, Carrasquillo aclaró que la agencia regula y supervisa instituciones financieras para garantizar su solvencia y competitividad, pero no puede intervenir en relaciones contractuales privadas entre bancos y clientes. 

Carrasquillo también recordó que la Ley de Fideicomisos de Puerto Rico (Ley 219-2012) regula la creación y administración de estos instrumentos, que son irrevocables, tienen personalidad jurídica independiente y requieren escritura pública y registro especial.

Alertan sobre los retos emocionales por un «like»

Por otro lado, la perspectiva clínica tomó un rol principal de la discusión. La Asociación de Psicología de Puerto Rico, por un lado,  apoyó el proyecto por entender la importancia de proteger el bienestar económico de los menores. Pero también, resaltó la necesidad de salvaguardar la integridad emocional e identidad de los talentos jóvenes.

“Aunque la Asociación de Psicología de Puerto Rico avala la intención del proyecto, se recomienda fortalecer el texto legislativo para garantizar una protección psicológica integral. La sección 4 omite regular el tiempo de exposición y recomendamos que se enmienda para facultar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a establecer límites diarios de grabación y edición. Desde la psicología del desarrollo, el exceso de trabajo digital puede desplazar actividades vitales como el juego libre y el descanso, provocando agotamiento emocional precoz. Es imperativo que esta labor no interfiera con el rendimiento escolar ni con las necesidades recreativas del menor”, explicó Zayana Figueroa, presidenta del gremio.

Asimismo, señaló que es crucial orientar a los padres y cuidadores sobre cómo las fluctuaciones de seguidores o ‘likes’ puede afectar la autoimagen del menor. 

“Un menor no debe aprender a vincular su valor personal con la validación externa o el éxito financiero de sus publicaciones. El entorno digital expone al menos los comentarios de terceros que pueden generar ansiedad social. Por ello, la reglamentación debe exigir medidas de moderación activa y filtros de comentarios para proteger la estabilidad emocional del menor frente a la toxicidad del entorno virtual”. 

Además, sostuvo la relevancia de permitir el “derecho al olvido”, es decir, que los menores puedan solicitar la eliminación del contenido digital publicado durante su infancia al alcanzar la mayoría de edad. La creación de un fideicomiso garantizaría la autonomía financiera futura y evitaría la explotación económica familiar.

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) coincidió con la postura de los psicólogos, y subrayó la necesidad de incluir componentes preventivos y psicosociales para proteger el bienestar integral de los menores.

“Recomendamos que se contemplen disposiciones para facilitar el acceso a evaluaciones psicosociales y servicios de apoyo psicológico cuando sea necesario, tanto para el adulto como para el menor, y especialmente en escenarios de alta explotación, acoso, estimación o conflicto familiar asociado a la actividad digital”, dijo la Greisa Ramos de ASSMSCA.

Además, sugirió enmiendas técnicas para definir conceptos clave y establecer protocolos claros para denunciar casos de explotación, así como campañas de concienciación para padres, tutores y menores.

Por su parte, el Departamento de Educación de Puerto Rico reconoció, mediante ponencia escrita, los méritos del proyecto y compartió “el objetivo de garantizar la protección integral de los menores en entornos digitales”, destacando la importancia de salvaguardar los derechos económicos, morales y digitales de la niñez puertorriqueña.

El Departamento de la Familia también respaldó el PS 973 y recomendó su aprobación, condicionada a la evaluación de un presupuesto adecuado para los programas educativos. 

“Desde nuestra área ya hemos trabajado algunos temas relacionados, especialmente en cuanto a contenido digital para menores, aunque no necesariamente sobre las medidas en sí. Esto representa un avance para nosotros. Si esta medida se convierte en ley, sería básicamente atemperar en conjunto con los departamentos aquí asignados, todo lo que tenga que ver con el tema. Más bien si solicitásemos que se evalúe un presupuesto para los programas de educación que tendríamos que estar en colaboración con el Departamento de Educación llevando a cabo, ya que impactaríamos a todo Puerto Rico”, expuso la licenciada Nicole Báez, directora de asesoramiento legal del Departamento de la Familia.

Indicó que la agencia coincide en que el auge del contenido digital y la economía de creadores ha transformado la comunicación y mercadeo, pero la falta de regulación para la participación de menores ha generado un vacío legal que pone en riesgo derechos fundamentales como la intimidad, imagen y acceso justo a ganancias, aumentando el peligro de explotación o apropiación indebida por parte de terceros, incluidos familiares o tutores.

La discusión sobre la medida continuará en la Asamblea Legislativa para afinar detalles y garantizar la protección integral de los menores creadores de contenido digital, según estableció el senador Toledo López.