El PIP exige que se declare un estado de emergencia ante el alarmante aumento de casos de maltrato y negligencia.

Ante los casos de maltrato y de menores viviendo en condiciones insalubres que han salido a la luz recientemente, la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes ha presentado un proyecto de ley que propone declarar un estado de emergencia por violencia infantil, con el objetivo de forzar una respuesta inmediata del Estado y exigir una mayor fiscalización para proteger a los menores.

La medida contempla la movilización urgente de recursos y solicita la comparecencia de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, para que rinda cuentas sobre la actuación y postura de la agencia en torno a esta problemática.

El representante Denis Márquez Lebrón, explicó que el proyecto de la Cámara 1108 incluye mandatos específicos al Departamento de la Familia, como la atención a los reclamos de empleados y de quienes trabajan directamente con estos asuntos sobre la falta de profesionales de trabajo social, la evaluación de las empresas privadas contratadas y, sobre todo, el reconocimiento de la crisis actual y la asignación de presupuesto suficiente para enfrentarlo. También exige al Departamento de Justicia una actuación urgente para procesar judicialmente a los abusadores sexuales que, según Márquez, muchas veces no enfrentan cargos.

El portavoz aclaró que su preocupación y la de sus correligionarios no es meramente una una reacción a las últimas noticias que han acontecido y que han dejado al descubierto la terrible realidad de la violencia contra la niñez, en todas sus modalidades, en Puerto Rico. 

“Desde hace nueve años he estado trabajando de manera intensa el tema de la violencia contra la niñez que ha sido parte de mi agenda legislativa. Es un tema que no es nuevo para mí y para la delegación del PIP. Es un tema en el cual nosotros hemos estado vinculados a diversas organizaciones que trabajo y luchan por los derechos de la niñez y que luchan por proteger a las niñas y a los niños que son abusados, que son maltratados, que son abusados de manera negligente. Han sido nueve años aprendiendo del tema, visitando centros y hogares alrededor de la Isla en donde protegen y viven niñas y niños maltratados. Fiscalizando al Departamento de la Familia y al Gobierno de Puerto Rico en vistas públicas sobre presupuesto, en vistas públicas sobre el tema, en vistas públicas de la Comisión de Gobierno. Han sido nueve años donde nosotros hemos planteado múltiples propuestas”, abordó Márquez Lebrón en conferencia de prensa.

Según datos del Instituto de Estadísticas citados por el legislador, en 2020 se registraron 4,413 casos de maltrato infantil y juvenil. «La situación empeoró en los años siguientes: la tasa aumentó a 9.8 en 2021, 10.5 en 2023 y cerró 2024 con un 12.4. Un total de 6,189 casos de negligencia, maltrato emocional y físico, negligencia educativa y médica, abuso sexual, explotación de menores, trata humana y otras formas de violencia, con graves repercusiones para el desarrollo y la salud física y mental de los niños y niñas», dijo Márquez Lebrón.

De hecho, más temprano el miércoles, la propia secretaria de la Familia reconoció que solo en el mes de enero de este año, la agencia tuvo 1,466 referidos a investigaciones. Sin embargo, señaló que de estos, solamente 85 casos reunieron los fundamentos necesarios y que “no hay aumento”. 

Márquez cuestionó el discurso de la titular de Familia que niega el aumento de casos, alegando que las estadísticas muestran una crisis sostenida y graves deficiencias institucionales, por lo que buscará interpelar a la secretaria, mediante la Resolución de la Cámara 589, para exigir explicaciones sobre la gestión de la agencia.

 “Un referido se tiene que validar para convertirse en un caso”, enfatizó el portavoz independentista. Insistió que tener más de mil referidos a poco más de un mes de  haber iniciado el año es preocupante y  advirtió que esta crisis tendrá consecuencias a corto y largo plazo, reflejadas en problemas psiquiátricos, abuso de sustancias, enfermedades crónicas y dificultades en las relaciones interpersonales para quienes han sido víctimas.

Márquez Lebrón recordó además que, en el cuatrienio pasado, la delegación del PIP presentó el Proyecto de la Cámara 1033, con el mismo propósito de declarar un estado de emergencia infantil, que fue aprobado en la Cámara por unanimidad, pero quedó en el tintero en el Senado.

“No basta con abordar superficialmente los problemas del Departamento de la Familia. Es imprescindible asumir la responsabilidad y fortalecer la institución, profesionalizar y capacitar al personal, actualizar estadísticas y protocolos, y asegurar una fiscalización efectiva”, insistió.

Para Márquez Lebrón, la solución requiere justicia social y atacar las raíces sin criminalizar la pobreza.

 “Puerto Rico vive una emergencia con múltiples factores que inciden sobre la niñez, como la indiferencia institucional y social, la falta de credibilidad hacia los menores y la ausencia de reconocimiento de sus derechos. Hay que modernizar los mecanismos y renovar el compromiso con la protección infantil. Siempre he dicho y hoy lo repito, yo he tenido el privilegio de ser padre y de que tener dos hijos que crecieron en un ambiente de amor, de justicia, de equidad y que hoy son dos adultos. Es lo que quiero para todos los niños y niñas de Puerto Rico que puedan vivir un entorno de paz, de amor y de justicia”, concluyó.