La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió que la propuesta reforma legislativa propuesta por el gobierno de Jenniffer González viola el Plan Fiscal.

En una carta firmada por el director ejecutivo Robert Mujica, indica que aunque la medida le reduce los impuestos a muchos ciudadanos, la propuesta no constituye una reforma contributiva «amplia, holística e integrada» que pueda colocar a Puerto Rico en el camino de crecimiento económico a largo plazo.

Indicó que el balance de reducción de ingresos para el estado contra nuevos ingresos deja al gobierno corto por $370 millones. O sea, la iniciativa cuesta $563 pero solo se generan ingresos nuevos por $193 millones. Mientras, sostiene que el gobierno tiene que tomar en consideración que en el 2028 expiran las asignaciones actuales al programa Medicaid.

Como parte del análisis, la Junta calculó que el impacto al fisco, en términos de más ingresos, al eliminar la exención de arbitrios en carros eléctricos e híbridos será solo de $600,000 y no $15 millones, como alega el gobierno.

En la carta se advierte que no se presentan cambio a las tasas aplicables a las corporaciones, aunque la gobernadora Jenniffer González ha dicho que presentaría una medida a esos fines luego. Mujica también señaló que si bien los ingresos del Estado se han mantenido estables en los pasados tres años fiscales, se espera para el próximo año fiscal una leve reducción en el crecimiento de la economía.

«El gobierno tiene que evaluar el impacto de la legislación en el presupuesto del año corriente y en el plan fiscal de cinco años. Legislación con impacto fiscal significativo debe ser considerada junto con deliberaciones en las prioridades del presupuesto y los riesgos al plan fiscal. Pasar legislación sin consideraciones financieras a largo plazo significaría un regreso a las prácticas fallidas del pasado. Solo consideración legislación con un contexto completo del plan fiscal se puede asegurar que no amenace la estabilidad fiscal que hemos trabajado para lograr», lee la carta.

En la carta se adjudica que la reducción en ingresos del gobierno se propone sin que se identifiquen fuentes para reemplazar ese dinero, por lo que viola la Ley PROMESA.

«El Plan Fiscal requiere que cualquier reforma contributiva o iniciativa contributiva que el gobierno proponga debe ser neutral en cuanto a ingresos se refiere o ser responsable fiscalmente a largo plazo», indicó Mujica al precisar que la reducción en ingresos por concepto de contribución sobre ingresos dejaría un hueco de $370 millones en el presupuesto sin que se identifique una fuente que anule esta reducción.

También calcula en 94.6 millones el aumento de $2,500 a $5,000 la deducción por menores de 18 años. La Junta considera que la eliminación del descuento actual de entre 5% y 8% en la contribución de ingresos generaría entre $115 millones y $280 millones y la aplicación de impuestos a equipo solar generaría $77 millones.

Aunque la Junta no respalda la reducción contributiva propuesta, una posible fuente de alivio para los contribuyentes individuales podría ser un incentivo o reembolso no recurrente, por un monto consistente con los cambios en las tasas, compensado mediante la eliminación del descuento a los contribuyentes, que se distribuiría entre el grupo de contribuyentes individuales que se habrían beneficiado de la propuesta de los proyectos de ley.

Esa eliminación del descuento es de $115 millones a $280 millones.