El senador del Partido Nuevo Progresista, Ángel Toledo, defendió la permanencia de exenciones vinculadas a placas solares, vehículos eléctricos e híbridos, al señalar que representan ahorros directos para miles de ciudadanos.

Las vistas públicas sobre el proyecto de cambio contributivos, la llamada Reforma Contributiva, evidenciaron un marcado choque de posturas entre legisladores sobre la pieza contributiva propuesta por el Ejecutivo, particularmente en torno a la eliminación de exenciones, la solidez de las proyecciones fiscales y el impacto real que tendría la medida sobre la clase media.

El senador del Partido Nuevo Progresista, Ángel Toledo, defendió la permanencia de exenciones vinculadas a placas solares, vehículos eléctricos e híbridos, al señalar que representan ahorros directos para miles de ciudadanos. A su juicio, eliminar esos incentivos, que es una propuesta del Proyecto del Senado 912, sin un análisis claro que demuestre un beneficio neto, sería difícil de justificar ante los contribuyentes.

«Para mí, defender la exención es imperativo. A menos que me puedan explicar cómo eliminar la exención resulta en beneficio para nuestra gente creo que tenemos que buscar la alternativa o identificar los fondos para cubrir lo que esa exención atiende», dijo Toledo en un aparte con la prensa.

Toledo indicó que, aunque valoró la disposición del secretario de Hacienda, Ángel Pantojas, a trabajar junto al Legislativo, solicitó un análisis comparativo concreto que permita explicar cómo una persona promedio se beneficiaría económicamente tras la eliminación de dichas exenciones. Además, subrayó la importancia de que los ciudadanos tengan certeza sobre qué disposiciones estarán vigentes para el próximo ciclo de radicación de planillas, ante la posibilidad de una extensión en los términos contributivos. El senador anticipó que el proyecto será enmendado tras concluir el proceso de vistas públicas.

Desde la oposición, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, en el primer día de audiencias de la medida en el Senado, atribuyó el tranque legislativo a lo que describió como una «cerrazón» del Ejecutivo. La legisladora cuestionó que se pretenda eliminar exenciones a sistemas de energía renovable cuando ese renglón representa apenas el 3.36% del costo total estimado de la reforma, cifrado por el Gobierno en $535 millones.

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Santiago también criticó la narrativa de ahorro gubernamental presentada por el Ejecutivo, al advertir que no se puede hablar de reducción de gastos sin considerar vacantes críticas en áreas como trabajo social y otros servicios esenciales. A su juicio, el análisis fiscal presentado ignora necesidades reales del país y ofrece una visión incompleta del impacto presupuestario.

El senador independiente Eliezer Molina fue aún más contundente al catalogar la reforma como una propuesta basada en supuestos y no en datos verificables. Molina cuestionó la ausencia de desgloses claros que sustenten la alegada reducción de cerca de $200 millones en el gasto público y advirtió que la eliminación de exenciones y el aumento de arbitrios terminan gravando el consumo.

Según Molina, las proyecciones de recaudos por concepto de placas solares y vehículos eléctricos no toman en cuenta que el aumento en costos puede contraer el mercado. Además, criticó que no se prioricen contribuciones sobre bienes de lujo mientras se imponen nuevos arbitrios a tecnologías que, a su juicio, benefician directamente a la población. El senador adelantó que evaluará la información solicitada al Ejecutivo antes de presentar recomendaciones, pero recalcó que no se detendrá en su análisis por tratarse del bienestar económico del país.

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El intercambio dejó claro que, aunque existe consenso en la necesidad de una reforma contributiva, persisten profundas diferencias sobre su diseño, sus prioridades y la credibilidad de las proyecciones fiscales que la sostienen.