En el contexto del asesinato de una mujer embarazada.

La mayoría novoprogresista en los cuerpos legislativos estampó su firma en un proyecto de ley de la administración de gobierno que tipifica como asesinato la muerte de un concebido no nacido en el interior del útero de la madre.

NotiCel supo que se trata de un proyecto de administración.

El Proyecto del Senado 923 enmienda el artículo 92 de Código Penal para disponer que se considerará ser humano el concebido “en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”. No obstante, también indica que solo se considerará un ser humano en el contexto de la aplicación de dos nuevos incisos al delito de asesinato (artículo 93).

Aplica al inciso G, que es la Ley Keishla Madlane, una mujer embarazada asesinada. Aplica también al inciso H, que establece agravantes específicos que convierten un asesinato en asesinato en primer grado (femicidio/transfemicidio), incluyendo la muerte de una mujer por razones de género, como intentos de retomar relaciones, relaciones familiares, o violencia reiterada.

En la Exposición de Motivos se consigna que el año pasado se aprobó la Ley 183-2025, que enmienda el Código Civil para reconocer como ser humano y persona natural al concebido en cualquier etapa de gestación.

“En ánimos de mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales, es necesario hacer constar y definir en el Código Penal vigente que el asesinato contra un ser humano incluye al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero humano”, lee la medida.

La ACLU condena la medida

«El Proyecto del Senado 923, tal como está redactado y presentado, constituye una criminalización absoluta del aborto en Puerto Rico. Es contrario al Estado de derecho y pone en riesgo el derecho a la vida y seguridad de las mujeres, las niñas y las personas gestantes. Desde nuestra organización analizaremos a fondo esta medida y sus implicaciones», dijo Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

«Sin embargo, incluso a primera vista, resulta evidente que el proyecto se formuló desde una óptica que no toma en cuenta la jurisprudencia vigente, y mucho menos su impacto en escenarios diversos. En este momento, le corresponde al país reflexionar sobre algunos de esos escenarios y ponerse en los zapatos de quienes los viven: ¿qué ocurriría en casos de violencia sexual contra niñas y mujeres y su acceso a una terminación de embarazo? ¿Dónde queda el derecho a la salud y el deber de los profesionales de la medicina de actuar en situaciones de riesgo -o recomendar un curso de acción- conforme a su criterio clínico, y no bajo la amenaza de cárcel? La respuesta a estos y muchos otros escenarios no puede ser la criminalización», manifestó Martínes.

Reacciona la Colectiva Feminista en Construcción

La organización indicó en un comunicado de prensa que los legisladores del PNP «nos criminalizan es poco. Con este proyecto, nos asesinan».

«Nunca dudamos que esta era la intención de esta administración. Apropiándose de la indignación del pueblo y del duelo colectivo ante el feminicidio de Keyshla Rodríguez —quien estaba embarazada al momento de ser asesinada— aprobaron la Ley 166-2025 para que se considerara asesinato la muerte de un concebido como resultado del asesinato de la persona gestante. Al reconocerle como víctima por sí misma, abrieron la puerta a la enmienda del Código Civil mediante la Ley 183-2025, que reconoce como persona natural al concebido. Esta cadena de decisiones, aprobadas contra todo razonamiento legal, ético, médico y de derechos humanos, nos trajo hasta aquí: a la propuesta de tratarnos como asesinas por ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos», indicaron.

«El Proyecto del Senado 923 busca ahora culminar ese plan. Al proponer enmendar el Artículo 92 del Código Penal para definir como “ser humano” al concebido en cualquier etapa de gestación, altera de forma peligrosa el concepto de asesinato, que hoy se define como “dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”. Esta redefinición no es neutral ni inocua: es una estrategia punitiva que permitiría procesar penalmente a personas gestantes que decidan interrumpir un embarazo —ya sea por voluntad propia o por recomendación médica— y criminalizar a quienes proveen servicios de salud reproductiva. No hay ambigüedad posible: este proyecto equivale a la ilegalización de facto del aborto en todas sus causales y en cualquier etapa de la gestación», agregaron.

Describieron la propuesta legislativa como una agresión ya que el reconocimiento jurídico al concebido «no puede hacerse en detrimento de los derechos fundamentales de las personas gestantes».

«Este proyecto no protege la vida. Instrumentaliza el derecho penal para imponer una visión moral particular sobre la gestación, ignorando las realidades materiales, sociales y económicas que enfrentan mujeres pobres, jóvenes, racializadas, migrantes y sobrevivientes de violencia. Bajo la lógica de la justicia reproductiva —desarrollada por mujeres negras y feministas interseccionales— las personas tienen derecho a decidir si tener hijxs o no, en qué condiciones tenerlos y a criarlos en entornos seguros y dignos. El P. del S. 923 ataca directamente esos principios», indicaron.