La medida generó fuerte debate en el hemiciclo de la Cámara de Representantes.

En el primer día de sesión legislativa, la Cámara de Representantes descargó y aprobó otra nueva medida legislativa para prohibir el servicio de escoltas a los candidatos a la gobernación o al cargo de comisionado residente. 

El Proyecto de la Cámara 990, que fue aprobado de forma unánime, fue radicado el pasado 15 de diciembre por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP). Esta medida legislativa se atiende luego de que se vetara el Proyecto del Senado 752 (P. del S. 752), del senador Juan Oscar Morales, que buscaba restringir el uso de escoltas a exfuncionarios públicos y exgobernadores.

Ese proyecto buscaba modificar la Ley de la Policía de Puerto Rico para eliminar el derecho automático a escolta una vez los exgobernadores concluyeran su mandato, salvo que existiera una amenaza real y específica certificada por el superintendente de la Policía. Además, establecía la pérdida automática de ese beneficio para exfuncionarios convictos de delitos graves o menos graves, sin importar el foro judicial de la convicción.

El veto destapó guerra interna entre los militantes del partido.

La decisión del Ejecutivo se dio en un contexto político marcado por el ‘tiri-jala’ entre el Senado y la Cámara de Representantes, particularmente por el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien se declaró culpable en el Tribunal Federal por aceptar una promesa de contribución política antes de las primarias del PNP en 2020. 

Pese a esa convicción, Vázquez Garced mantiene su escolta policial, amparada en lo que la Policía ha descrito como un derecho adquirido bajo el marco legal vigente.

“Ningún aspirante o candidato a la gobernación o al cargo de Comisionado Residente, podrá solicitar servicios de escolta, seguridad o protección de ninguna agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, durante el proceso de campaña previo a su elección a menos que medie alguna excepción. El Gobierno de Puerto Rico, además, estará impedido de contratar estos servicios en el sector privado. La única excepción será cuando medie alguna amenaza a su seguridad, lo cual será determinación exclusiva del Superintendente”, dicta la nueva medida radicada de administración. 

“Cualquier exgobernador(a) de Puerto Rico que haya sido convicto(a) por delito grave o menos grave en la jurisdicción estatal o federal no podrá solicitar ni mantener servicio de escoltas, seguridad o protección de ninguna agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico”, se agrega. 

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Este proyecto provocó un extenso debate en el hemiciclo. Por ejemplo, el representante popular Héctor Ferrer expresó reiteradamente que la Cámara de Representantes “decidió dar un paso hacia atrás” con la medida. 

Según explicó, la medida continúa permitiendo que los exgobernadores después de salir de su cargo, gocen de las escoltas sin necesidad. “Lamentablemente se tardaron 139 días en quitarle las escoltas a Wanda Vázquez mientras ella seguía disfrutando de chofer, peaje gratis, mantenimiento gratis, seguridad. Si al fin y al cabo era quitarle las escoltas a Wanda Vázquez, había una resolución presentada para lo mismo desde agosto del año pasado, pedimos el descargue en cuatro ocasiones y ustedes mismo se negaron a discutir la medida”. 

Mientras, el representante Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), agregó a la discusión que se inició la nueva sesión con un tema que pensaba que se había acabo desde la pasada sesión celebrada en noviembre. 

“Lo que fue el consenso Legislativo que se iba a tomar por bueno en la Fortaleza e íbamos a pasar las Navidades para empezar en enero con un (nuevo) tema, pero continúa la discusión del tema de las escoltas. Tema que vuelvo insisto, debimos haber superado porque esta Camara de Representantes el 3 de enero de 2025, votó de manera unánime por el Proyecto del Senado 752 y se acogieron enmiendas de este servidor para quitar (las escoltas) de manera automática”, denunció. 

Por otro lado, el representante penepé José “Pichy” Torres Zamora defendió la labor de su delegación con la radicación del proyecto. “Ante la consideración de la Gobernadora y según expresó al pueblo puertorriqueño, somete el proyecto de administración que se convierte en el P de la C 990 y claro, el proyecto lo que está haciendo es corrgiendo el problema de facto del día cero. El issue que tiene el pueblo puertorriqueño  es que la exfuncionaria que se convirtió en la gobernadora, Wanda Vázquez, esté pasando por un proceso legal y se esté declarando culpable. Ese es el problema de raíz”. 

El P de la C 990 ahora pasará a la consideración del Senado para entonces ser firmado o vetado por la gobernadora, Jenniffer González Colón.