Senado compareció formalmente como amicus curiae en este caso de alto interés público, en defensa de la constitucionalidad

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó que la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que revocó la exoneración de responsabilidad civil concedida a LUMA Energy por daños a enseres de los consumidores, reafirma los derechos del pueblo y la protección de los servicios esenciales.

El Senado compareció formalmente como amicus curiae en este caso de alto interés público, en defensa de la constitucionalidad y de la prerrogativa legislativa frente a delegaciones de poder indebidas a entes reguladores o privados.

El Tribunal Supremo coincidió con esa posición al sostener que el Negociado de Energía carecía de autoridad para crear inmunidades o relevar de responsabilidad a una empresa privada, determinando que dicha cláusula era nula por violar el principio de separación de poderes.

“Decisión del Tribunal Supremo es un triunfo para los consumidores y para el orden constitucional de Puerto Rico. La Legislatura es la única rama del Gobierno con autoridad para establecer excepciones o limitaciones de responsabilidad en un servicio público esencial. La justicia exige responsabilidad y trato justo para todos los consumidores”, expresó Rivera Schatz.

El líder legislativo reiteró que esta victoria es también el resultado del compromiso institucional del Senado de fiscalizar y exigir cumplimiento en toda gestión que afecte los derechos de los abonados del sistema eléctrico.

“Los consumidores han ganado una batalla importante y el Senado seguirá vigilante para que esta determinación se cumpla en su totalidad. Actuaremos en respeto y protección de quienes sostienen a Puerto Rico con su trabajo y sus contribuciones. Es lo justo”, sostuvo Rivera Schatz.

La decisión judicial también valida la postura histórica del Senado de que los servicios esenciales deben operar bajo reglas que prioricen el interés público y la rendición de cuentas.

“Por ello, reafirmo el respaldo al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y a su secretaria Valerie Rodríguez Erazo, por su postura proactiva, valiente y plenamente conforme con su deber ministerial en defensa de los derechos de los consumidores frente a cualquier intento de trasladar a las facturas los costos derivados de negligencia del operador,” añadió Rivera Schatz.

A la luz de esta decisión, el presidente del Senado hizo un llamado firme al Negociado de Energía, recordándole que toda actuación futura debe ser estrictamente conforme a las leyes y al ordenamiento constitucional vigente.

“Bajo ningún concepto puede permitirse que una tarifa, un cargo o un mecanismo regulatorio incorpore disposiciones que pretendan revivir inmunidades o trasladar al pueblo los costos que corresponden al ente privado,” advirtió el líder legislativo. El Senado continuará interviniendo y exigiendo cumplimiento a las agencias y corporaciones relacionadas con la prestación de servicios públicos, reafirmando su misión de proteger a los ciudadanos y garantizar la aplicación justa de la ley.