La medida legislativa se aprobó sorpresivamente por medio de un descargue en horas de la noche.

La Cámara de Representantes, a eso de las 7:30 de la noche de ayer, jueves, descargó y aprobó sin ningún tipo de debate, el controversial proyecto de ley que restringe el derecho a la información pública, pese a la oposición de los gremios periodísticos. 

Con la aprobación de 29 votos a favor y 24 en contra, el Proyecto del Senado 63 ahora pasará a un comité de conferencias donde el Senado y la Cámara tendrán que llegan a un común acuerdo para que se pueda finiquitar su lenguaje final. 

En el hemiciclo, la Cámara enmendó parte del proyecto eliminando el contenido de las páginas del 10 a la 13, por eso, pasa ahora a un comité de conferencias.

La Asamblea Legislativa está contra el reloj porque el próximo 18 de noviembre es la fecha final para que puedan llegar acuerdos entre ellos y así la gobernadora, Jenniffer González Colón, pueda convertirlo en ley antes de que se acabe el año. 

El Proyecto del Senado 63 (PS 63), de la autoría del líder senatorial, Thomas Rivera Schatz, enmienda la Ley 141-2019 de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, introduce cambios que —según sus críticos— entorpecen el derecho ciudadano a fiscalizar la gestión pública y representan un retroceso significativo en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Entre las enmiendas aprobadas se encuentran el aumento de los plazos de respuesta por parte de las agencias gubernamentales, que pasarían de 10 a 20 días laborables para oficinas centrales y de 15 a 30 días en el caso de oficinas regionales. 

Asimismo, se elimina la obligación de que las agencias entreguen la información en el formato solicitado y se establece que los peticionarios deberán incluir información personal como dirección postal y correo electrónico. La legislación también concede discreción a las dependencias para obligar a los solicitantes a revisar los documentos en persona, durante un solo día, en lugar de proveerles copia de la información.

Algunas entidades periodísticas ya han insistido que esta medida legislativa es un  golpe directo al derecho del pueblo a saber cómo opera su gobierno. Las organizaciones también han denunciado que el PS 63 debilita la libertad de prensa, obstaculiza la fiscalización ciudadana y pisotea el derecho constitucional de acceso a la información pública.