Funcionarios reconocen la intensión de la medida pero insiste en la falta de un análisis fiscal riguroso

La Cámara de Representantes de Puerto Rico evalúa una propuesta legislativa que busca aliviar la carga contributiva sobre las primas de seguros mediante la eliminación progresiva de la contribución especial  de 1%, establecida en 2013.

El Proyecto de la Cámara 590 (P. de la C. 590), propone enmendar el Artículo 7.022, para eliminar esa contribución especial a partir del 31 de diciembre de 2027.

La medida de la autoría del representante Carlos «Johnny» Méndez, generó debate entre la industria de seguros y agencias de gobierno. Por una parte de la Oficina del Comisionado de Seguros y la Asociación de Compañías de Seguro de Puerto Rico, favorecen la medida que supone un alivio para las aseguradoras. Por otro, el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), a pesar de reconocer los beneficios que esta supone para la industria y los consumidores, insisten en la necesidad de un análisis fiscal riguroso y la evaluación de mecanismos que aseguren la sostenibilidad del Fondo General de Puerto Rico. 

Hasta el 31 de diciembre de 2024, esta contribución del 1% generó ingresos de $40. 9, los cuales fueron transferidos en su totalidad al Fondo General del Departamento de Hacienda.

La comisionada de seguros, Suzette Del Valle Lecároz, sostuvo que la eliminación de esta contribución especial podría mejorar la solvencia de las aseguradoras. Sin embargo, aclaró que corresponde al Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) evaluar el impacto fiscal que esta eliminación tendría sobre el Fondo General del Gobierno.

Por su parte, Luis Roberto Rivera Cruz, principal asesor legal de la AAFAF, recordó que toda propuesta debe cumplir con la Ley PROMESA y estar respaldada por un análisis de impacto fiscal. Recomendó solicitar un informe a Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), para obtener una evaluación precisa sobre el efecto de esta medida en los recaudos del Gobierno.

“Cualquier medida que trastoque los ingresos al Fondo General tiene el potencial de afectar la estructura contributiva que se está diseñando, la que ciertamente será en beneficio de todos nuestros ciudadanos. Por lo tanto, solicitamos que se nos brinde un período de tiempo para culminar con los esfuerzos previos a continuar el trámite legislativo de medidas que, aunque loables, pueden trastocar los trabajos que estamos llevando a cabo para lograr una reforma contributiva integral”, indicó el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, en el memorial presentado a la Comisión.

Alternativas a la eliminación automática

El representante Jorge Navarro Suárez explicó en vista pública convocada por la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara, que esta contribución fue introducida como parte de la Ley 40, conocida como la “Ley de Redistribución y Ajuste de la Carga Contributiva”, con el objetivo de generar ingresos adicionales ante el entonces complejo déficit presupuestario. Más adelante, se añadió el Artículo 7.022, que impuso una contribución especial adicional del 1% sobre las primas de seguros.

Entre las opciones que el P. de la C. 590 establece para sustituir la eliminación automática de la contribución especial, sustituir por un programa de incentivos basado en el desempeño como premio para las aseguradoras.

La idea de condicionar la eliminación de la contribución a métricas de desempeño —como cumplimiento en auditorías, tiempo de cierre de reclamaciones y puntualidad en los pagos— fue bien vista por algunos sectores, pero también generó reservas.

Iraelia Pernás, directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros, se mostró optimista ante el P. de la C. 590 en general, por entender que su implementación podría generar beneficios como la reducción de primas, aumento en la competitividad, atraer nuevos clientes, refuerzo en las reservas y capital de solvencia, la capacidad de inversión en tecnología y atracción de talento especializado. No obstante, advirtió sobre el riesgo de introducir subjetividad en la evaluación de las compañías aseguradoras. 

Sostuvo que actualmente, “el premio de las aseguradoras son los clientes y que el Código de Seguros cuenta con un mecanismo que penaliza a las aseguradoras que no cumplen con dichas métricas de desempeño. 

“Aunque en papel los incentivos por desempeño parecen adecuados, se necesita claridad sobre quién los evaluará, bajo qué criterios, y a qué costo operativo. Aquí se está proponiendo un andamiaje que la oficina del Comisionado no tiene, porque tendrá que estar auditando anualmente”, opinó Pernás. 

Mientras que Del Valle Lecároz consideró “loable” la intención, pero advirtió que habría que evaluar cómo medir dicha efectividad y bajo qué criterios. Además, recordó que su oficina no tiene jurisdicción sobre la política fiscal que corresponde a Hacienda.

También enfatizó que “esta propuesta debe integrarse a los esfuerzos de reforma contributiva que lidera la gobernadora Jenniffer González Colón y su equipo de trabajo, con el fin de lograr una reestructuración fiscal más integral”.

La representante, Swanny Enit Vargas Laureano, coincidió con Rivera, y reiteró la necesidad de un informe fiscal de la OPAL, para tomar una decisión, petición que fue respaldada por Navarro como presidente de la Comisión. 

“En la medida que quieran enmendar para dar beneficio a las aseguradoras y al consumidor es sumamente importante, pero también lograr un balance en el aspecto fiscal”, concluyó la Comisionada de Seguros.

El Proyecto de la Cámara 590, será sometido a nuevas enmiendas y nueva revisión ante el cuerpo legislativo y agencias relacionadas.