El proyecto quedó bajo la lupa de DACO por representar un costo adicional a los consumidores al momento de adquirir el equipo.

El Negociado de Bomberos de Puerto Rico y el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP) apoyaron en vista pública el Proyecto de la Cámara 244 (P. de la C. 244).

Se trata de una medida legislativa que busca enmendar el Artículo 4 de la Ley 18-2022, conocida como la “Ley de Uniformidad en la Venta, Distribución y Despacho del Gas Licuado en Puerto Rico” con el propósito establecer como requisito obligatorio que toda venta de gas al detal incluya, al menos, un detector de gas propano o butano.

“Lo que queremos es garantizar la salud y seguridad de nuestro constituyente. No queremos más desgracias”, expresó el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, presidente de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor, al justificar el proyecto. 

Los detectores de gas propano o butano son dispositivos diseñados para identificar concentraciones de estos gases en el ambiente y emitir alertas en caso de fugas.

Sin embargo, el Negociado de Transporte y Otros Servicios, entidad encargada de fiscalizar la trasportación, comercial y la mayoría de los servicios público-terrestres en Puerto Rico, incluyendo el gas, sugirió revisar la propuesta. A pesar de entender que la medida procurar la seguridad en los hogares y comercios puertorriqueños, entienden que la mayor incidencia de accidentes por emisiones de gas se relaciona con problemas en la instalación.

“El proyecto es un paso positivo para prevenir accidentes por fuga de gas que causan gran destrucción no solo a las estructuras donde están instalados, sino en ocasiones, afectan estructuras colindantes y hasta pérdida de vida. Los detectores de fugas de gas son útiles para ayudar a evitar accidentes, pero más que un requisito al monumento de la venta al detal de cada cilindro de gas se debe establecer como requisito de instalación o reinstalación a nivel comercial, industrial o residencial”, manifestó Jaime de la Fuente, de NTSP, que además, sugirió la instalación de los detectores sea realizada por un maestro plomero.

El artículo 30 de la Ley-59 del 2022, “Ley de la Junta Examinadora del Colegio de Plomeros” establece que el NTSP exigirá a toda empresa de gas licuado, petróleo, gas natural y otros productos que se transporte por tubería, la certificación de instalación o reinstalación firmada por el maestro plomero que hizo o inspeccionó la labor antes de otorgar el permiso de uso. 

“Cumpliendo con la ley vigente y conforme establece la ley, todas las instalaciones de productos mencionados tienen que estar certificadas. Al establecer el detector como requisito para la certificación emitida por el maestro plomero se tendría mayor certeza del cumplimiento con los propósitos de esta pieza legislativa”, precisó de la Fuente, quien ante el incremento de incidentes por fuga de gas, entiende una campaña educativa sería una alternativa.

Mientras que, el Negociado de Bomberos, representado por Luis Cordero Rivera, señaló que, aunque Bomberos no tiene jurisdicción en residencia sino en establecimiento comercial y áreas comunes de condominios, entiende la pertinencia de la medida. 

“Bomberos regulan la ubicación del tanque de gas, pero la instalación corresponde al Departamento de Transporte. Reconocemos la importancia de que sea responsabilidad del consumidor adquirir, a su costo, detectores de gas que cuenten con las debidas certificaciones de seguridad como la emitida por la Underwriter Laboratories (UL) y una llave de corte para permitir al usuario cortar el flujo”, expuso Cordero Rivera en su ponencia.

Por su parte, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) dejó saber su preocupación por el impacto económico que pudiera representar para los puertorriqueños el exigir un detector al momento de la compra del equipo o la instalación del gas.

“Vamos a estar evaluando las sugerencias brindadas hoy en esta audiencia para incluir recomendaciones en el informe y buscar balance entre salvaguardar la seguridad de las personas sin que sea una carga adicional en su bolsillo”, concluyó el senador Sánchez Álvarez.