La Autoridad de Tierras pidió ayer al tribunal que reconozca las múltiples instancias en la que el pastor mintió sobre el paradero de los $1.2 millones que se le asignó tras una gestión legislativa del exrepresentante Antonio «Tony» Soto Torres y el multiconsultor José Miguel Huertas Torres.

La Autoridad de Tierras acudió ayer al tribunal a solicitar que el Departamento de Justicia acuse al señor Heriberto Andújar Otero por alegadamente mentir durante dos deposiciones sobre el paradero de los $1.2 millones que recibió la entidad que preside, Centro Comunitario de Servicios a la Familia. Inc., una iglesia sin experiencia ni estructura para realizar la canalización de la Quebrada Margarita.

Esta asignación al pastor ha provocado la asignación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) al exrepresentante y a su consultor legislativo José Miguel Huertas Torres, quien a su vez autorizaba el desembolso porque también era contratista de la Autoridad de Tierras, la tenedora de los fondos que vinieron a sustituir el «barril de tocino».

De acuerdo al recurso, el pasado 29 de enero de 2024 a las 9:17 a.m. desde las oficinas del licenciado Manuel Pérez Caballer, se realizó una primera toma de deposición a Andújar Otero. Durante la toma de la deposición, el demandado admitió que los fondos públicos desembolsados conforme con el Acuerdo núm. 2021-000584 no habían sido utilizados, y que se mantenían depositados en el Banco Popular de Puerto Rico. La deposición fue bajo juramento de que el declarante se comprometía a decir la verdad de lo que se le preguntara. El juramento lo tomó su propio representante legal.

También alega que el 15 de febrero de 2024 a las 1:28 p.m. nuevamente Andújar Otero aseguró que los fondos públicos no habían sido utilizados y que de verificar los estados de cuenta bancarios se desprendería que estarían ahí.

«Desde la deposición del 29 de enero de 2024 se le solicitó a Andújar Otero que por conducto de su representación legal nos facilitara los estados de las cuentas bancarias. El 15 de febrero de 2024, en la continuación de la deposición, aún los documentos solicitados no se nos habían sido facilitados por lo que se lo recordamos a la parte demandada. Los mismos nunca fueron facilitados a la parte demandante», lee el recurso.

Finalmente, la Autoridad de Tierras tuvo que acudir al tribunal para obtener copias de los estados bancarios a nombre del Centro Comunitario de Servicios a la Familia. Inc.

Al escudriñar los estados bancarios de la cuenta bancaria a nombre del Centro Comunitario de Servicios a la Familia. Inc. la agencia se percató de que a la fecha de la toma de deposición el dinero que el pastor afirmaba bajo juramento tener en la cuenta, no se encontraba disponible.El estado bancario de enero 2024 tenía un balance disponible de $419.89.

«Según definido por el Código Penal de Puerto Rico, incurrirá en el delito de perjurio toda persona que jure o afirme, testifique, declare, deponga o certifique la verdad ante cualquier tribunal, organismo, funcionario o persona competente y declare ser cierto cualquier hecho esencial o importante con conocimiento de su falsedad o declare categóricamente sobre un hecho esencial o importante cuya certeza no le consta. Es deber de la función judicial no dar por desapercibido un delito cometido ante sí», lee el documento.

«Muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal que refiera al señor Heriberto Andújar Otero, Presidente del Centro Comunitario de Servicios a la Familia. Inc., al Departamento de Justicia por cometer el delito de perjurio; con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda», se reclamó.

Ya esta entidad había intentado zafar de la devolución del dinero al recurrir a la quiebra, la cual se vio precisada a retirar. El exsecretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, a quien se reportaba la Autoridad de Tierras, hizo el referido original de este caso y ayer pidió que el Departamento de Justicia acuda al tribunal en recobro de los $1.2 millones de dinero público.