La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez informó el jueves que, tras un juicio que se ha prolongado por espacio de 17 días, el jurado encontró culpables por los cargos de tráfico de drogas y asesinato a tres miembros de la organización criminal conocida como ‘La Rompe ONU’.
Rodríguez explicó que el jurado encontró a los acusados Rubén Cotto Andino, conocido como ‘Rubén El Negro’, José Resto Figueroa, conocido como ‘Tego’, y Carlos Velázquez Fontánez culpables de violar la Ley de Testaferrato y Organizaciones Corruptas (RICO), delito al que sumó los de conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas, portación de armas de fuego durante la consecución de los hechos, relación con un delito de tráfico de drogas, tiroteo, homicidios y, por último, cargos por delitos con armas de fuego.
‘La banda Rompe ONU dictaminó (en) ciertos barrios en San Juan la difusión de la violencia y el miedo en sus comunidades’, dijo Rosa Emilia Rodríguez Vélez, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, en declaraciones escritas.
Detalló que Rubén Cotto Andino fue uno de los líderes de La Rompe ONUy supervisó las actividades de tráfico de drogas de la organización en las áreas de Jardines de Cupey y Brisas de Cupey. José Resto Figueroa, un matón de la organización, fue encontrado culpable de participar en un tiroteo que se produjo el 28 de agosto de 2012, en el que ejecutores de La Rompe ONU dispararon y mataron a Luis Ojeda Andino, también conocido como ‘Pollo’, Luis Velázquez Aquino, también conocido como ‘Urraca’, y José Ayala García. Estos asesinatos fueron conocidos como ‘La masacre de Jardines de Cupey‘.
Además, Carlos Velázquez Fontánez, un agente de la Policía Municipal de San Juan, acusado de suministrar municiones a los miembros de La Rompe ONUy colaborar con el tráfico de drogas, fue encontrado también culpable por asesinato. Los hechos tuvieron lugaro cuando el oficial participó en un tiroteo el pasado 25 de junio de 2011, durante el cual, integrantes de La Rompe ONU dispararon y mataron a Edwin Díaz Cruz, Hervin Valcárcel Martínez, alias ‘Prieto’, Javier Catala-Bermúdez, y Orlando Meléndez Villegas. Estos asesinatos fueron conocidos como la ‘Masacre de Tortuguero.’
Durante el juicio, el gobierno presentó el testimonio de testigos colaboradores, agentes del orden y técnicos de la ciencia forense junto a expertos, así como pruebas físicas tales como armas de fuego, municiones y narcóticos incautados, lo que demostró que los acusados eran culpables más allá de toda duda razonable.
Los fiscales federales adjuntos Alberto López Rocafort y Víctor Acevedo Hernández estuvieron a cargo del procesamiento del caso. Los acusados se enfrentan a penas que podrían alcanzar la cadena perpetua.
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