Las autoridades federales arrestaron la mañana del miercoles a dos medicos por un caso de fraude hipotecario, según informó el portavoz del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en ingles), Carlos Osorio.
Osorio indicó en entrevista radial (NotiUno) que los médicos fueron identificados como Edgar Reyes Colón y Francisco Quintero Peña.
El funcionario confirmó que los arrestos están relacionados con el operativo por fraude bancario llevado a cabo en febrero de 2014, que incluyó a la exreina de belleza y abogada, Sheila Bernabe González y cerca de 14 personas más.
Por su parte, la jefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez informó en un comunicado de prensa que los detenidos fueron acusados el martes por un gran jurado federal por un cargo derivado de un esquema de ofrecer información falsa para obtener préstamos en el Doral Bank. Los acusados, que enfrentan a una alegación de confiscación de 296 mil 555 dólares, habrían obtenido dos préstamos por un importe total de 560,000 dólares para la compra de una propiedad ubicada en el 131 calle Fairway, Palmas Plantation Development en Humacao.
De acuerdo con Rodríguez, la investigación reveló que como parte del esquema, los acusados, a través de testaferros, compraron una propiedad mediante la obtención de préstamos hipotecarios de una institución financiera asegurada por el gobierno federal en cantidades que exceden sustancialmente el precio de venta de la propiedad. El exceso en la cantidad del préstamo fue devuelto a los acusados para entonces pagar las mensualidades de la hipoteca.
Asimismo, la fiscal federal detalló que para garantizar la aprobación del préstamo, los detenidos crearon y entregaron documentación falsa junto con la solicitud de préstamo una cuenta en el banco Santander con un balance de 33,892 dólares que no existía, así como falsa información de bajos ingresos mensuales por 18,818 dólares de una empresa llamada K’ricias Boutique. Los acusados también mintieron ante el Departamento de Vivienda Federal alegando que habían pagado gastos de cierre para los préstamos. Uno alegó haber pagado 4,114 dólares, mientras que el otro alegó que pagó 22,166 dólares.
Este caso es procesado por el fiscal Nicholas Cannon. Las penas máximas son de 20 años de prisión y multas de hasta un millón de dólares. Los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe lo contrario. La investigación fue realizada por el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI, Servicio de Rentas y el Departamento de Vivienda Federal.
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